Este martes se llevó adelante una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores con el fin de avanzar en el análisis del proyecto de ley para que Entre Ríos adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y se constituya el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Estuvieron ante los legisladores representantes de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, de la Fundación CAUCE, de Apyme, y del Colegio de Arquitectos.
El titular de la Comisión, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), abrió nuevamente la instancia en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores para el estudio del proyecto redactado por el Poder Ejecutivo y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Presentes en el encuentro de trabajo estuvieron los miembros de la Comisión: Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos) y Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos). Así también se sumaron otros senadores, Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos).
Voces en contra
En esta oportunidad, quienes expresaron sus puntos de vista, reflexiones y cuestionamientos al proyecto fueron la directora ejecutiva y coordinadora del Área Incidencia y Democracia Ambiental de la Fundación CAUCE, Valeria Enderle; el integrante del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, Enzo Culasso; el vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, Francisco Taibi, junto a María Eugenia Cichero del Instituto de estudios territoriales; y el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) Entre Ríos, Luis Lozar.
La primera en tomar la palabra fue Enderle, quien manifestó el “rechazo absoluto y contundente” al proyecto en estudio. Enfatizó que “no coincide con la realidad de la gente y va en contra de la Constitución Nacional, en contra de los principios ambientales modernos”. La directora de CAUCE apuntó al “extractivismo sin límites que tiende a acrecentarse y dañará aún más la salud de nuestras poblaciones”.
Desde la entidad sostienen que la adhesión al RIGI sólo beneficia a los grandes capitales, promoviendo la concentración de la renta y la riqueza, destruyendo la economía local, las pequeñas y medianas industrias, y avanzando con la degradación ambiental en el territorio. Denuncian que este régimen vulnera manifiestamente los derechos que la misma Constitución Nacional resguarda en términos ambientales y federales, mientras que al mismo tiempo no protege ni ampara de ninguna manera la producción económica local. Sostienen que deben discutirse los negativos impactos sociales, ambientales, políticos y económicos. Por último, Enderle pidió “no dar un paso atrás en materia socio ambiental en nuestra provincia, por la tierra y por las generaciones presentes y futuras”.
Desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que se presenta como un espacio federal de activismo y militancia para la justicia ecológica y social, Enzo Culasso puso el acento en la “poli crisis civilizatoria, en el aumento de temperatura global, la pérdida de la biodiversidad, sequías, incendios”, y en este marco se preguntó “dónde está el beneficio para el pueblo en este modelo extractivista alentado por el RIGI, que genera riqueza para otras partes del mundo y acá quedan las consecuencias”. En este punto el abogado contó a los presentes que por estas consecuencias años atrás sufrió una grave afectación en su salud. “El RIGI es un cheque en blanco para estas nuevas y grandes inversiones”, continuó, ya que en el texto se contempla que “las normativas provinciales de protección serían nulas”.
“Dejamos nuestra soberanía en manos de extranjeros, y dónde queda el federalismo, las autonomías de las provincias y municipios”, se preguntó Culasso, para enfatizar que “se reafirma el poder del dinero por sobre la República”. Para culminar pidió a los senadores “honrar nuestra historia y proteger a las generaciones que vienen”.
Dudas y reflexiones
Posteriormente desde el Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Entre Ríos hicieron hincapié “en las dudas que nos surgen del proyecto”. Luego de hacer mención a diferentes obras en las que intervinieron con su aporte, Cichero manifestó una serie de interrogantes que no encontraron respuestas en el marco del texto en análisis, como los riesgos sociales y los efectos en nuestra provincia de las inversiones extranjeras, y en este punto citó el ejemplo de la instalación de las pasteras en Uruguay donde primó la cuestión económica. Más adelante bregó por encontrar un balance entre los intereses nacionales y las provincias quienes tienen la tutela de los recursos naturales, y haciendo hincapié en los impactos negativos del extractivismo el proyecto podría contener “una nueva manera de colonialismo”.
Algunas preguntas que se expresaron ante los senadores presentes versaron sobre el modelo de desarrollo que se quiere, la evaluación de riesgos en materia jurídica y económica, si se garantiza la generación de empleos genuinos, qué rol jugaría Entre Ríos ante la utilización del agua por parte de las grandes inversiones, sus consecuencias, si se anularían normativas provinciales de protección de derechos, entre otras.
Por su parte, desde Apyme coincidieron en que “el impacto no está contemplado en el proyecto”. Lozar habló en representación de una institución con 37 años de trayectoria que nuclea a pequeñas y medianas empresas “que generan el 80% del trabajo en Argentina”. Si bien compartió la preocupación por el impacto ambiental, hizo referencia a la competencia desleal que se produciría, debido a la cantidad de beneficios impositivos que se pretenden otorgar a las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares. “Sería la destrucción de las pymes porque no podemos competir”, aseveró. Para terminar su alocución, Lozar planteó que el sector que representa está en emergencia actualmente y solicitó “que nos cuiden para no desaparecer”.
Concluidas las exposiciones de los invitados, y sin preguntas por parte de los senadores presentes, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Rubén Dal Molín, confirmó que incluirá al expediente del proyecto de ley los documentos que cada institución trajo como aporte.
El proyecto
El proyecto de ley, en su título uno, establece que Entre Ríos adhiere al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las empresas adheridas gozarán en la provincia de las exenciones fiscales y demás beneficios que se establecen para el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). La creación de este último se estipula en el título dos del proyecto con media sanción, donde se deja en claro que el objetivo es favorecer la radicación de nuevas inversiones en el territorio provincial, con beneficios impositivos en el Régimen Tributario provincial, entre otros puntos, con el fin de reactivar la actividad productiva y ampliar las ayudas contempladas en la Ley de Promoción y Desarrollo Industrial.
Entre los beneficiaros pueden estar quienes realicen nuevas inversiones en actividades dentro del transporte terrestre de cargas industriales, actividades turísticas, culturales, que promuevan procesos productivos de economía circular y/o que promuevan la neutralidad de la huella de carbono. Se contempla una ventanilla única, donde los interesados en acceder podrán disponer de un trámite rápido, como también la vigencia de las exenciones que serán por 15 años con una posible prórroga de cinco más.
El proyecto del Poder Ejecutivo, de 22 artículos, establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Económico, e invita a los Municipios y Comunas de la provincia a adherir, otorgando las exenciones tributarias pertinentes en sus respectivas jurisdicciones y conforme a su esfera de competencias.
