El juez Julián Ercolini aceptó del fiscal Ramiro González, quien le transmitió el requerimiento de Alberto Fernández para que Fabiola Yañez entregara su celular a la Justicia en la causa por violencia de género. Con esto se busca que se puedan revisar los chats entre el expresidente y la ex primera dama.
El fiscal pidió que se haga una copia forense del teléfono de Yañez y que los colegas de España, donde reside la ex primera dama, le tomen declaración testimonial a su madre, Miriam Yañez Verdugo. Según la información que trascendió, el juez autorizó que se acceda al dispositivo móvil de Yañez.
La semana, el expresidente había reclamado el secuestro de “los aparatos telefónicos” utilizados por Yañez y “la extracción de datos mediante sistema UFED Celebrity Premium a fin de poder conocer los mensajes borrados que hubiera en los sistemas de mensajería WhatsApp y Telegram, así también como todo dato de interés”.
En su presentación, en la que Alberto Fernández acusó a la ex primera dama de “violación de secreto y su difusión y el acceso ilegítimo” a su nube de Google, pidió además una medida cautelar para que “se deje de publicar o reproducir todo acto que remita a posibles videos o fotos sobre su persona o terceros que impliquen una vulneración a los derechos”.
Alberto Fernández volvió a pedir que la causa pase a los tribunales de San Isidro
- El expresidente además volvió a reclamar que la causa por violencia de género a la ex primera dama, en la que está imputado, pase a la justicia federal de San Isidro. La abogada del exmandatario, Silvina Carreira, apeló en la noche del lunes el fallo de Ercolini, que determinó que el expediente debe seguir en los tribunales porteños de Comodoro Py. Ahora será la Cámara Federal, ante la que Carreira hizo la apelación, la que decida en dónde seguirá tramitándose el caso.
- Ercolini determinó que la causa permaneciera en Comodoro Py tras el dictamen del fiscal federal, Ramiro González, que había defendido la competencia de la investigación. Según González, los episodios de agresión y hostigamiento empezaron en la ciudad de Buenos Aires en 2016 y siguieron durante todos estos años.
- El fiscal consignó: “Lo que se investiga es una sola conducta desplegada en varios hechos”, al elevar el pedido al juez Ercolini, que coincide con la postura de Fabiola Yañez. González argumentó: “Más allá de las calificaciones legales que eventualmente corresponda asignar de un modo definitivo a los hechos objeto del proceso, estos surgen de un relato que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo”.
- Ramírez explicó: “Estas características imponen un comportamiento prudente a la hora de definir la intervención del juez que habrá de intervenir en razón del territorio pues, justamente, el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder que han sido denunciadas no pueden asignarse, de momento, a un enclave geográfico único y determinado”. (Todo Noticias)
