La posible adhesión de Entre Ríos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) genera incertidumbre y resistencia entre ambientalistas y empresarios locales. La sesión del Senado provincial, que inició este miércoles a las 19 horas, se desarrolla en medio de un ambiente de tensión y críticas, debido a las restricciones de acceso impuestas a la ciudadanía en el recinto.
El abogado ambientalista Enzo Culasso explicó a Elonce la situación vivida por el grupo de ciudadanos que intenta presenciar la sesión: “Lo primero que hicieron fue restringirnos el acceso al recinto de la Cámara de Senadores. Cuando en las primeras dos sesiones nos permitieron el ingreso de diez personas, esta vez, sin ningún argumento legal, nos informaron que solo cinco podríamos presenciar la sesión”.
Culasso advirtió que la adhesión al régimen supondría “una entrega de nuestra provincia a manos de las corporaciones” y agregó: “Este régimen declara nula cualquier normativa local que se oponga a su avance. Tenemos regulaciones que protegen nuestro ecosistema y, por ejemplo, impiden la instalación de represas hidroeléctricas en el territorio provincial. Todo eso quedaría sin efecto si Entre Ríos aprueba el RIGI”.
El abogado también señaló la importancia del voto del senador de Villaguay, quien recientemente regresó de una licencia médica: “Hay paridad de senadores. Si no fuera por su ausencia en las dos sesiones anteriores, el resultado sería 9 a 8, ganando la oposición. Ahora, el desempate lo realizará la vicegobernadora, y ya sabemos hacia dónde irá la decisión”, expresó.
Empresas locales preocupadas por el impacto laboral
Por su parte, el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME), Luis Lozar, expresó su preocupación por la exclusión en el acceso al recinto y por los efectos de la medida en el sector laboral local. “Estamos sorprendidos con esta actitud de no dejarnos pasar. Fui un orador ante los senadores para expresar nuestra postura y ahora, que no nos permitan ver el voto, nos preocupa mucho”, afirmó a Elonce.
Para Lozar, la adhesión al régimen podría dejar de lado a las empresas locales y no contribuiría a generar empleos para la comunidad: “Que se promuevan este tipo de inversiones sin tener en cuenta a las empresas locales es alarmante. Estas inversiones no van a generar puestos laborales porque tampoco se les exige que contraten gente local”, remarcó. “Es algo muy preocupante para nosotros, que buscamos proteger a las pequeñas y medianas empresas”, concluyó.
