Divorcio en sede administrativa. El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto que busca agilizar los trámites de divorcio. Establece la posibilidad de finalizar el matrimonio por vía administrativa: es decir, sin tener que contratar abogados ni pasar por la Justicia. Una condición será clave para poder realizarlo: Sólo regiría cuando ambos cónyuges estén de acuerdo.
La nueva normativa presentada ante la Cámara de Diputados busca reemplazar el artículo 435 del Código Civil y Comercial actual. Hasta ahora, se contemplaban tres causas para la disolución del matrimonio: la muerte de uno de los cónyuges, una sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y el divorcio declarado judicialmente.
La propuesta introduce un cuarto inciso que permite el divorcio en sede administrativa, equiparando sus efectos al divorcio judicial.
Además, se modifica el artículo 437, que establece las condiciones para el divorcio administrativo, especificando que debe ser "exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges". Este pedido debe realizarse ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal.
El proyecto cuenta con las firmas del presidente Milei, del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Objetivos y beneficios del nuevo proceso
Entre los argumentos presentados en la introducción de la norma, se resalta el objetivo de agilizar y abaratar el trámite de divorcio. "Se propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo para una vía más simple, más rápida y más económica".
Además, se señala que los procesos judiciales suelen tardar mucho, lo que significa que durante ese tiempo las partes no pueden disponer de sus bienes con plena libertad. El traslado de estos casos a la vía administrativa se presenta como una solución para aliviar la carga del sistema judicial.
Eliminación de la mediación legal
La reforma busca eliminar la necesidad de abogados en el trámite de divorcio, algo que se había intentado en una reforma anterior en 2015, donde bastaba la voluntad de uno de los cónyuges para iniciar el proceso.
La nueva propuesta se describe como un trámite "super exprés", que permitiría finalizar el matrimonio de manera similar a cómo se inició.
Según el proyecto, el divorcio podría llevarse a cabo mediante un acuerdo mutuo ante el oficial del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, eliminando así la mediación legal que se requiere en el proceso judicial actual. Esto representaría un cambio significativo, ya que hoy un divorcio exprés ante un juez, aunque con abogado, puede tardar hasta 24 horas.
Reacciones y críticas
El plan de Milei, incluido en la Ley Ómnibus enviada al Congreso, generó reacciones de la comunidad legal. El artículo 352 de dicha ley indicaba que se podría presentar la voluntad de disolución del vínculo de manera conjunta ante el órgano administrativo correspondiente, otorgando los mismos efectos que un divorcio.
Algunos abogados, incluyendo al presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, manifestó su oposición, afirmando: "Vamos a defender las incumbencias de la abogacía". Críticas como las de la abogada Marisa Herrera y Natalia de la Torre cuestionaron la viabilidad de la medida, destacando la falta de claridad sobre los procedimientos y la competencia de los órganos administrativos. (Con información de Clarín)
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