El Gobierno Nacional, a través del Poder Ejecutivo, presentó hoy un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para implementar el divorcio simplificado en casos de mutuo acuerdo. La propuesta busca que los procesos de disolución matrimonial puedan tramitarse en sedes administrativas y civiles, evitando así la judicialización que suele demandar más tiempo y dinero, además de sobrecargar innecesariamente los tribunales.
Según los fundamentos del proyecto, elaborado por el Ministerio de Justicia, el divorcio judicial implica mayores costos por las costas judiciales y los honorarios profesionales de los abogados. Además, las partes no pueden disponer libremente de sus bienes durante el tiempo que dura el proceso legal.
“Además del costo económico, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes una limitación en el manejo de sus bienes”, explicó el Ministerio en su exposición de motivos. Asimismo, remarcaron que los divorcios judiciales incrementan la cantidad de causas en el sistema judicial, generando lentitud en su funcionamiento y costos que, indirectamente, recaen sobre los contribuyentes.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, argumentó que la iniciativa permitirá que los cónyuges puedan disolver su vínculo matrimonial de manera más rápida y económica. “Se propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esa manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial por una vía más simple”, aseguró.
El proyecto propone que el divorcio en sede administrativa sea gestionado ante el oficial público del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Este mecanismo permitiría a las parejas disolver su vínculo de manera expedita, del mismo modo en que lo contrajeron: de mutuo acuerdo.
En relación con experiencias internacionales, el texto del proyecto señala que varios países ya cuentan con sistemas de divorcio administrativo o notarial, entre ellos Brasil, Colombia, México, Bolivia, Noruega, Italia y Japón. Estos sistemas permiten un proceso más ágil y menos costoso que los tradicionales divorcios judiciales.
El Gobierno también refutó las críticas que argumentan que facilitar el divorcio podría destruir la familia y la sociedad. En el texto del proyecto, se señala que tras la sanción de la ley 26.994, que en su momento modernizó la normativa sobre el divorcio, no se registraron impactos negativos duraderos en la familia o en el desarrollo de los hijos.
“Si bien se alegaba que el divorcio traería aparejada la destrucción de la familia, esto no sucedió. Los estudios indican que los efectos negativos en los hijos no se deben al divorcio per se, sino al deterioro matrimonial, independientemente de que haya una disolución formal o no”, concluye el proyecto.
El divorcio simplificado, de ser aprobado, podría ser una solución efectiva para descomprimir los tribunales y brindar una alternativa más accesible a las parejas que desean disolver su vínculo sin conflictos judiciales.
