La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos resolvió este martes que el exgobernador de la provincia y exembajador en Israel, Sergio Urribarri, cumpla con prisión efectiva inmediata. La decisión se tomó en el marco de la causa en la que había sido condenado en 2022.
Igual determinación se tomó con su su cuñado Juan Pablo Aguilera. Ambos deberán ser alojados en la Unidad Penal 1 de la capital entrerriana.
El fallo fue emitido por los jueces de la Cámara de Casación de Paraná, Dras. Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo. Los fiscales Patricia E. Yedro, Gonzalo A. Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull habían solicitado el cumplimiento efectivo de la pena, respaldando la solicitud con argumentos sobre el riesgo de fuga del condenado, debido al monto de la pena y las características de la sentencia dictada el 7 de abril de 2022.
Según el portal Análisis, el Servicio Penitenciario iba a buscar a Urribarri a Concordia para trasladarlo a Paraná y lo propio iba a hacer con su cuñado, con domicilio en calle Montesinos de esta capital.
Prisión preventiva y fundamentos del pedido fiscal
El pedido de los fiscales entrerrianos se centró en la necesidad de aplicar la prisión preventiva efectiva tanto a Urribarri como a Juan Pablo Aguilera.
Tras analizar los requisitos de admisibilidad del recurso, los fiscales subrayaron el "riesgo serio de fuga", dado el elevado monto de la pena impuesta y la naturaleza de la sentencia.
La condena a 8 años de cárcel a Urribarri en 2022 había sido por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, con una pena de ocho años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
En abril de 2022, Urribarri había sido condenado por unanimidad por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, compuesto por los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón. La sentencia también incluyó la inhabilitación perpetua del exgobernador para ejercer funciones públicas, en un fallo que destacó la gravedad de los delitos cometidos durante su mandato.
Uno de los hechos más destacados fue el esquema de retornos que, según la parte acusadora, operaba en cada una de las contrataciones realizadas con fondos públicos.
Se cuestionó la adjudicación de contratos por 28,4 millones de pesos para la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en 2014, realizada en Paraná.
Otro de los puntos que estuvo en la mira durante el juicio fueron las contrataciones de publicidad en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata.
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