La salida intempestiva de Florencia Misrahi de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes conocida como AFIP, sorprendió al Gobierno Nacional el pasado sábado al mediodía. Aunque la Casa Rosada justificó públicamente el cambio debido a una resolución “inconsulta” sobre la obligación de tributar a Youtubers e influencers, los verdaderos motivos de la renuncia se venían cocinando desde hace meses, impulsados por una serie de factores internos y tensiones dentro del Ejecutivo.
Uno de los principales factores que precipitaron la renuncia fue la resistencia de Misrahi al recorte salarial que el Gobierno ordenó hace dos meses. A pesar de la poda de salarios impuesta desde el Ejecutivo, la ex directora de la ARCA continuó percibiendo alrededor de 32 millones de pesos mensuales, un monto que generó fricciones con la Casa Rosada y especialmente con el Ministerio de Economía. Esta situación desencadenó cortocircuitos con otros actores del Gobierno, dado que el cargo de Administrador Federal le permite al titular de la ARCA definir el monto de su propia remuneración, lo que no fue bien recibido por todos.
Misrahi había sido designada por el actual Ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien la recomendó para el puesto debido a una relación cercana con su esposa. Sin embargo, su gestión comenzó a generar desconfianza dentro del Gobierno, especialmente entre los círculos más cercanos al presidente Javier Milei. La falta de control efectivo sobre lo que sucedía en la administración de la ARCA y los magros resultados obtenidos en su gestión contribuyeron al creciente malestar interno.
El cambio de titular en la ARCA se dio en el contexto de una pulseada interna entre los Caputo por la sucesión. Mientras Santiago Caputo promovía el nombramiento de Andrés Vázquez, quien fue el titular de la DGI cuando la AFIP se transformó en ARCA, finalmente fue el propio Luis Caputo quien impuso a Juan Pazo, un hombre cercano a él, como su sucesor. Pazo, hasta hace poco, ocupaba el cargo de Secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería, y su designación se produce en un contexto de fuerte tensión política dentro del Gobierno.
Otro factor relevante en la salida de Misrahi fue la difícil situación laboral dentro de la ARCA. La poda salarial no fue el único ajuste realizado en la agencia; también se produjo una reducción drástica de personal, que dejó a la ex AFIP con menos de 20,000 empleados, una cifra inferior a la de años anteriores. Varios funcionarios experimentados dejaron la agencia para pasar al sector privado, lo que generó inquietud sobre la capacidad de la institución para cumplir con las metas de recaudación fiscal. La reducción de personal y la falta de control sobre el cumplimiento tributario podrían poner en riesgo el equilibrio fiscal, especialmente si no se logran las metas de recaudación en el corto plazo.
El alejamiento de Misrahi se produjo justo antes de que venciera el decreto que había sido utilizado para su designación, lo que generó dudas sobre la manera en que el Gobierno maneja los nombramientos y las prórrogas dentro de su estructura. Además, la excusa de la resolución “inconsulta” sobre los tributos a Youtubers e influencers parece haber sido un pretexto para ocultar los verdaderos motivos de la salida, que incluyen el malestar por la gestión y los problemas internos en la administración de la ARCA.
La nueva designación de Pazo como titular de la agencia abre un nuevo capítulo en la gestión tributaria del Gobierno, pero también plantea interrogantes sobre posibles choques internos y problemas de gobernabilidad. Pazo llega con un perfil particular para el cargo: fue socio del empresario Francisco De Narváez y tiene propiedades declaradas en el exterior, lo que podría generar más tensiones en un contexto ya cargado de disputas internas. Habrá que ver cómo se desarrollan los próximos meses con este cambio de rumbo en la administración tributaria del país.
En resumen, la renuncia de Florencia Misrahi, aparentemente relacionada con la controvertida resolución sobre los influencers, esconde en realidad un trasfondo de tensiones salariales, dilemas de gestión y disputas políticas que reflejan las dificultades que enfrenta el Gobierno en la administración de la recaudación fiscal y la estructura de poder interna. (Ámbito)
