Entre Ríos avanza hacia la sanción de una ley que regule el uso de productos fitosanitarios. La Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto que declara de interés público la adopción de buenas prácticas en agroquímicos y establece regulaciones para su uso.

Actualmente, rige la Ley 6.599, vigente desde hace más de 40 años. A lo largo del tiempo, se han sumado resoluciones y decretos ministeriales, pero en marzo pasado, el Superior Tribunal de Justicia instó a avanzar en una nueva normativa.

Este proyecto, que enfrenta una fuerte oposición de entidades ambientalistas y vecinos autoconvocados, aborda varios aspectos, como el alcance de la regulación y la inclusión de nuevos actores y responsabilidades. Establece un ordenamiento ambiental del territorio que clasifica las zonas de uso de fitosanitarios en exclusión, amortiguamiento y libre aplicación, además de definir distancias específicas respecto a escuelas rurales, poblaciones, áreas naturales protegidas y cursos de agua.

Si bien Entre Ríos es una provincia agropecuaria, también presenta una gran dispersión poblacional, con numerosas colonias cercanas a los campos cultivados. Por ello, es fundamental establecer reglas que favorezcan la convivencia.

En este contexto, organizaciones ambientalistas han denunciado durante más de dos décadas el impacto de los agroquímicos en la salud, señalando una relación directa entre las fumigaciones y el aumento de casos de cáncer.

El tercer programa de El Ventilador durante este jueves, que se emite de 21:30 a 23:00 horas en Elonce, hizo hincapié en el debate del proyecto que regula el uso de productos fitosanitarios en la provincia de Entre Ríos.

Consultado de una buena práctica agropecuaria, el ingeniero agrónomo Pablo Guelperín remarcó: “Es una definición bastante móvil. Las buenas prácticas son las distintas síntesis del mejor conocimiento que tenemos de las ciencias agropecuarias en estos momentos, es decir, las buenas prácticas del 2024 son totalmente distintas de las buenas prácticas que quizás nuestros abuelos aplicaron cuando llegaron de Europa”. “Hoy ha evolucionado el conocimiento y tenemos buenas prácticas en el 2024. Seguramente van a ser distintas del 2030 o 2050”, explicó.

“Hoy lo consideramos una práctica riesgosa, que destruye un recurso natural no renovable como el suelo. Las labranzas han sido reemplazadas por la siembra directa para cuidar el suelo. Hay que pensar que un centímetro de suelo le lleva a la naturaleza 500, 700 o 1.000 años. Una lluvia torrencial como la que cayó hace poco puede llevarse seis o siete toneladas de suelo por toneladas. Eso se llama erosión hídrica y es la principal amenaza de nuestro recurso natural”, completó.

Además, habló de las diferencias que plantea el proyecto sobre fitosanitarios que posee media sanción con la actividad actual. Guelperín remarcó: “Tenemos una ley vigente, que tiene más de 40 años, que no es mala, pero si pensamos que la producción agropecuaria de alimentos ha cambiado tanto en estos 40 años, la ley tenía que modernizarse. Agradezco que el tema tome estado público y la gente empiece a hablar de campo y la producción de alimentos. Es un instrumento técnico. Es una forma de regular el uso de las sustancias de los fitosanitarios. Hoy son una herramienta necesaria, como lo es la electricidad o los combustibles de los autos. Son sustancias peligrosas y hay que manejarlas correctamente. Lo que la ley viene a traer es una mejor herramienta para manejarlo correctamente”.

Al hablar específicamente sobre los aportes que trae este proyecto, expresó que “lo que más le importa a la sociedad es el tema de las distancias. La ley vigente tiene una distancia llamada de exclusión, que es un área en donde no se puede aplicar ningún fitosanitario. Esta ley duplica estas distancias, en el caso de lugares habitados, y triplica en escuelas rurales. Además, agrega regulaciones para todo tipo de equipo acoplador. Hace solo 40 años, solo se pensaba en equipos terrestres y aviones. Hoy hay muchas producciones que utilizan equipos manuales y los drones. Todo eso está incluido, además de una visión de monitoreo y educación ambiental”.

Ximena Rosso, integrante de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo, se refirió a los graves inconvenientes que puede traer a la población: “Es una actividad peligrosa y está poco regulada la ley que existe. No coincido con que es buena porque, si bien es una ley que es antigua, también no había registro del daño que generan los agrotóxicos. Él (por Guelperín) dice que son químicos, que son tóxicos. A mí me gusta llamarlos agrotóxicos, que generan enfermedades asociadas con el cáncer, sino también enfermedades sistémicas, depresiones y con el metabolismo. Son todas aquellas consideradas crónicas, que hoy no se está pudiendo dar respuesta. Escuchábamos al presidente del IOSPER diciendo que las tasas de cáncer de los afiliados habían subido. No hay un registro de las enfermedades que provoca. Cuando se nos pide que nosotros pongamos sobre la mesa pruebas de que esto no es inocuo, como nos quieren vender, porque no solamente es la toxicidad del producto, sino también la toxicidad del cóctel de producto que aplican los ingenieros y que queda librado a la conciencia de cada ingeniero y de cada productor”.

“El proyecto no regula nada, sino que deja al libre albedrío. Uno tiene que confiar con que van a aplicar como dice. Y ya hay antecedentes de que esto no funciona. A mí me tocó que me fumiguen a 50 metros. Tuve problemas de salud asociadas a esas intoxicaciones que tuve que tolerar porque compré en ese lugar sin saber. Son cuestiones técnicas que un ciudadano común no tiene por qué estar al tanto de todas estas cuestiones de cómo es la aplicación, de qué daños genera. Se habilitaron estos loteos en estos barrios. Son los mismos productores que hicieron estos negocios inmobiliarios”, subrayó sobre lo que puede llegar a aprobarse.

Por tal motivo, volvió a reforzar la idea de que “la regulación queda a la libre conciencia del mismo sector que persigue un objetivo, que es obtener mayor producción y tener mayores ganancias. No tienen el objetivo de cuidar la salud o de cuidar el medio ambiente”. En esa sintonía, expuso que posee estudios que realizó el gobierno de Entre Ríos que afirma que “el agua tiene glifosato –seis microgramos por litro-“. También otro informe habla del hallazgo de 26 agrotóxicos en el arroyo El Salto.

“Empecé a tener problemas en la piel y mi nene de broncoespasmos. Me mudé allí con 37 años y nunca había tenido un problema. Nunca había sido alérgica. Empecé a tomar corticoides. A mi nene tenía que darle un comprimido a la noche para el asma –él no es asmático-, tenía que ponerle un paf a la mañana y otro a la tarde por sí se le bajaba la oxigenación. Algo estaba pasando. Me hice análisis y tenía la inmunoglobina –que marca cuando tu sistema inmunológico está reaccionando a algo-. Tenía que estar en 100 y estaba en 300”, señaló sobre algunas de las consecuencias que sufrió.

La abogada Corina Beisel interrumpió a los invitados y consultó en qué cambia este proyecto de ley. Guelperín respondió que se abogó “por un campo más sano y productos más seguros”, aunque explicó, además, que “hay que cuidar al productor agropecuario”. “Tenemos que lograr un equilibrio. La sustentabilidad es el cuidado del ambiente, pero también el cuidado del productor y cubrir las necesidades que tiene la sociedad en alimentarse”, se explayó. Además, salió al cruce del glifosato hallado en el agua, donde aseveró que el estudio sobre aguas de pozo “en dos dio cero y en uno trazas dio por debajo de 0,6 microgramos”.

Además, ahondó que “toda nuestra vida social genera una modificación en el ambiente. Lo que estamos haciendo es tratando de modificarla. Por eso se habla de los autos eléctricos”.

A su turno, Alejandro Abero recalcó un informe realizado sobre 102 mujeres santafesinas por parte de Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL), donde el examen de orina arrojó que posee glifosato. “Eso explica que glifosato tenemos todos y esas distancias que se hablan, evidentemente van en contra de un buen funcionamiento de buenas prácticas. Hablamos de efectividad para lograr un mejor funcionamiento de ese campo, no para cuidarme a mí”, explicó. Posteriormente, interrogó: “¿Qué hacemos?”.

El profesor universitario resaltó que todos los profesionales abocados a la tarea de fitosanitarios “salen de la universidad con una conciencia responsable en el cuidado del ambiente y la persona”. Además, comentó que en caso de que el impacto negativo sobre el ser humano sea cierto, “Senasa –instituto nacional que regula el uso de estos productos- eventualmente se sacarán del mercado”.

Tampoco quiso olvidarse el profesional de que el objetivo de esta ley que ya cuenta con media sanción en Diputados es que “mejore el uso de estos productos, tal como se venía haciendo, para que a partir de ahora se puede hacer de una forma más segura y más controlada”.

El periodista Exequiel Fresler, por otra parte, explicó que no se debate si se debe o no utilizar agroquímicos, sino que el debate debe girar en torno “una mejor ley de la que existe”.

Valeria Girard, en cambio, señaló que tiene una familiar con el veneno del glifosato en la sangre. “Una vez que la persona ya tiene el veneno, pasa hasta una semana tirada en la cama con el hígado cocinado. Pasa la semana tomando agua y con la luz apagada porque ni siquiera soporta la luz”, comunicó. También hizo reflexión de una frase que oye a menudo: “Cuando escucho que hay que entender lo que le pasa a los productores, me resulta muy difícil entenderlo como familiar viendo como una persona sufre cada vez que se fumiga. Además, dejó en claro el desconocimiento del cuidado de las personas que viven en zonas donde habitualmente se fumiga: “¿Cómo la provincia controla cuando están fumigando en Alcaraz norte?”. Allí Guelperín respondió que “hay dispositivos y plataformas donde se puede controlar el traqueo por donde circulan”.

Ximena, en cambio, manifestó su enojo y preguntó: “¿Quién va a estar controlando eso? En un decreto ya estaba pactado lo de georeferencial y nunca lo cumplieron, como tampoco cumplieron con llevar el registro de tumores y la salud de poblaciones rurales. Nos exigen a nosotros para defendernos para que presentemos esas pruebas y quieren volver a pasar la ley vieja con los mismos decretos que ya existían con algunas puntuaciones nuevas, que parecen súper novedosas porque nadie las conoce para seguir haciendo exactamente lo mismo. Quieren legitimar a través del Estado con el prestigio de decir ‘soy ingeniero y lo sé’. Son técnicas dañinas y esta ley es inconstitucional y no es superadora”.

“Hay mucha gente que está enferma y que se ha muerto por esto”, señaló Nahuel Baridón en su participación en el programa.

“El proyecto es regresivo. Se atrevieron a poner distancias menores de las que existían con la ley vieja. Con la mochila y drones establece que pueden estar a diez metros. A la puerta de mi casa van a venir a fumigar”, cerró Rosso.