El senador Martín Oliva afirmó que la resolución del CGE en la que se impone un mecanismo de Declaración Jurada sobre la asistencia de los docentes a los establecimientos educativos muestra “inconsistencias” y “se contradice” con acuerdos paritarios realizados entre los gremios y el gobierno. También mostró su preocupación por la requisa que sufrieran en Feliciano los docentes por parte de Gendarmería al retornar desde Paraná luego de una movilización.

Durante la sesión de este miércoles Oliva, que preside la comisión de Educación de la Cámara de Senadores, señaló: “Soy médico y docente, y de una ciudad en la que especialmente los representes gremiales de los maestros tienen una historia de lucha y reivindicación. Y quiero referirme a la resolución del CGE que contempla la implementación de un relevamiento de la prestación de servicios docentes y no docentes, y una carga de una declaración jurada”, señaló.

Inconsistencias

En ese marco, el legislador marcó inconsistencias entre esa resolución y normas anteriores definidas en paritarias entre el gobierno y los gremios. “El CGE emitió la circular 14/2024 para disponer la implementación del relevamiento que establece la resolución 2771-24. En dicha circular 14 se reitera que está vigente y se pide que se cumpla con la resolución 2566/16 para comunicar al superior inmediato las licencias e inasistencias del personal docente, administrativo o de servicios, cualquieras sean los motivos de las mismas”.

“Y aquí quiero destacar las inconsistencias que tiene esto. Debo mencionar que también está en vigencia otra normativa que encuadra el informe de novedades administrativas a través del SAGE (Sistema de Administración de la Gestión Educativa), las cuales están a cargo de los equipos de conducción. En estas se contemplan los derechos garantizados en el uso de licencias e inasistencias. Muchas situaciones que el nuevo relevamiento implementado no incluye”.

“Desde entidades gremiales, a las que quiero de alguna manera dar la voz aquí, mencionan que, por un acuerdo paritario homologado, los equipos directivos no están obligados a realizar la carga diaria de asistencia en el SAGE. Ese acuerdo paritario homologado sigue vigente”, aclaró Oliva.

Repudio

El senador dio cuenta además de la requisa de la fueron víctimas 45 docentes que se trasladaban en un colectivo al retornar a Feliciano desde Paraná luego de una movilización en reclamo de mejoras salariales. “Queremos desde el Bloque Justicialista repudiar la acción que fue llevada a cabo por la Gendarmería Nacional que se indague sobre la actividad que realiza un colectivo de docentes en nuestra provincia”, resaltó.

Según relataron los maestros, Gendarmería Nacional les pidió documentos, revisaron bolsos, los hicieron descender del colectivo, les desprendían los guardapolvos, los demoraron y revisaron todas sus cosas.

“Entendemos y leímos las declaraciones del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, que no tiene nada que ver con esto. Creemos en eso”, puntualizó.

Presupuesto universitario

El senador expresó además la preocupación del Bloque sobre el veto de la ley de financiamiento universitario que ha sido aprobada recientemente por casi todas las fuerzas políticas.

“Se está desfinanciando la educación pública, libre, gratuita, de calidad, aumentan los costos operativos y los docentes y no docentes sufren una enorme pérdida de del valor adquisitivo del salario”, remarcó Oliva. Ejemplificó: “La UNER gestionó, durante mucho tiempo, una cantidad de recursos para aumentar su capacidad instalada para poder investigar, fomentó la creación de institutos de doble dependencia, que son del CONICET y alguna de las unidades de las nueve facultades”.

“Tenemos que levantar la voz y decir que no podemos permitir pérdida del salario del personal universitario. No podemos. No podemos permitir que se desfinancie. Nosotros podríamos contribuir”, remarcó el senador y recordó que en la Cámara de Diputados sigue pendiente el debate de una ley de su autoría que ya tiene media sanción y dispone un subsidio a la tarifa eléctrica para la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con asiento en Entre Ríos y de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

“No lo podemos permitir”

Finalmente, Oliva advirtió que el Presupuesto Nacional 2025 suspende la ley de financiamiento educativo que establece un piso mínimo de inversión del 6% del PBI, y la de Ciencia y Técnica que estipula un el aumento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Y reduce en 66% Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, 63% acciones de Formación docente, 71% Infraestructura y equipamiento. 69% Fortalecimiento Edilicio de Jardines y 63% Becas Progresar.

“Si seguimos permitiendo el desfinanciamiento de las universidades, va a pasar lo que pasó en Chile, que las universidades, de ser públicas en la década del 70 pasaron a ser privadas, lo que pasó en Perú y lo que pasó acá, en el Gobierno del expresidente Menem. Nosotros no podemos permitir eso. Somos miles los que hemos logrado movilidad social ascendente gracias a la educación pública. Así que yo les pido, como cámaras, que no dejemos pasar esto”, puntualizó.