Un caso judicial en Córdoba genera atención nacional al investigar la trata de personas en un contexto de la maternidad subrogada. Se trata de un fenómeno con escasos antecedentes en el país, donde se han citado a declarar a nueve personas, todas imputadas. El fiscal federal Enrique Senestrari había fijado fecha a partir del 30 de julio y hasta el 2 de agosto.

Senestrari explicó a Cadena 3: "De ninguna manera cuestionamos la concreción del deseo de muchas familias de tener hijos a través de procedimientos tecnológicos, de fertilización, de transferencia de embriones y demás. Sin embargo, es una materia que no está legislada en Argentina. Se intentó legislar y no se logró".

Recordó que se habían establecido en el proyecto una serie de pautas para evitar que se caiga en el riesgo del mercado de niños, el mercado de alquiler de vientres, donde se le pone un precio a esta actividad.

El fiscal advirtió sobre la vulnerabilidad de las mujeres involucradas, afirmando que "se busca gente vulnerable, mujeres muy pobres, mujeres con graves dificultades de acceso a justicia social".

En este sentido, mencionó que "la única opción que les queda a las mujeres es someterse a esta servidumbre de nueve meses" y que el riesgo de trata se presenta cuando "se toma a una persona que está en una situación de vida indigna" y se le ofrece un pago a cambio de su gestación.

La denuncia inicial que dio pie a la investigación provino de una llamada al número 145, donde se alertó sobre dos clínicas en Córdoba que estarían cometiendo el delito de trata.

Las sospechas

Según la sospecha de la Justicia, estos centros de salud estarían captando mujeres vulnerables para ofrecerlas como personas gestantes. O sea, ofrecer quedar embarazadas con embriones de quienes demandan ese servicio para procrear una criatura que no sea de ellas sino de quienes la contrataron.

La investigación surgió a raíz de una denuncia anónima que señalaba el caso particular de una pareja que recurrió a una de estas clínicas debido a dificultades para concebir. Según la sospecha, esta pareja habría pagado a una mujer de muy bajos recursos para alquilar su vientre.

La acusación provisoria involucra a nueve personas, entre las cuales hay médicos, abogados y empleados de estos centros de salud especializados en tratamientos de fertilización y fertilización asistida.

Senestrari explicó que "los jueces de familia venían viendo cosas extrañas" y que, tras las averiguaciones, se realizaron allanamientos que llevaron a la imputación de los involucrados. "Es la primera vez en todo el país que se da un caso de esta naturaleza", añadió.

El fiscal también aclaró que "lo que se trata de reprimir es que nadie afecte la libertad de elección de la persona", y explicó que las clínicas captaban mujeres en situaciones vulnerables, invitándolas a participar en un negocio que, según explicó, "son las únicas que pierden".

En cuanto a las parejas que buscan ser padres, Senestrari indicó que aún no se ha tomado una decisión sobre su posible imputación. "Habrá que revisar bien ahora todo lo que los involucre a ellos para saber si pasaron un límite y abusaron también de la situación de vulnerabilidad de una víctima", concluyó.

La causa avanza con la revisión de pruebas y testimonios, y se están investigando un total de 14 casos hasta el momento. "Todavía eso no lo hemos visto", concluyó el fiscal respecto a la posibilidad de que algunos de esos casos no sean incluidos en la acusación final.