Intervinieron dos obras sociales. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) intervino la Obra Social del Personal de La Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL) debido a graves irregularidades. La decisión fue tomada tras una auditoría realizada por la Subgerencia de Control de Gestión, que reveló una serie de problemas tanto en la rendición de cuentas como en la prestación de servicios.
Los Decretos 911/2024 y 912/2024, publicados en el Boletín Oficial, detallan las irregularidades encontradas, estableciendo un plazo de intervención por el término de 180 días. El control, que abarcó desde marzo de 2022 hasta febrero de 2024, mostró deficiencias en la información financiera de las obras sociales, lo que llevó a la intervención de las mismas.
En el caso de OSPILM, se encontró que “no cumple con el Registro de Referentes de Discapacidad”, presentando también un “atraso considerable en la presentación de los Estados Financieros Discapacidad (EFD) y los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF)”.
A esto se sumaron otras faltas de transparencia en el manejo de los fondos y en la situación financiera general de la obra social, que evidenció un “deficiente” registro de información debido a la falta de las herramientas adecuadas.
Irregularidades en la gestión financiera y administrativa
La auditoría también expuso que OSPILM “no entregó conciliaciones bancarias ni mayores contables”, lo que generó incertidumbre sobre la situación económica de la entidad. Se destacó que, en su activo, posee un inmueble cuyo propietario es el Sindicato de Ladrilleros a Máquina, situación que había sido detectada en auditorías previas, pero que aún no se había solucionado. La obra social presentó una “difusión incompleta y confusa sobre el acceso a las prestaciones de salud”.
El informe también señaló que la institución sigue “sin contar con canales de comunicación y de acceso a la información completos y adecuados, requiriendo actualizaciones y ampliación de información respecto a Salud Mental, Interrupción Voluntaria del Embarazo, Interrupción Legal del Embarazo, Identidad de Género, Prevención del Suicidio, Violencia de Género y Anexos”. Esto ha generado serios problemas de acceso para los beneficiarios, en su mayoría monotributistas no afiliados al gremio, lo que ha derivado en múltiples reclamos telefónicos.
Falta de cobertura
En relación con la falta de cobertura en áreas clave, el Decreto 912/2024 estableció que las obras sociales no “garantizan una adecuada y oportuna cobertura de salud a sus beneficiarios, siendo de tal magnitud que interfieren en el normal funcionamiento de la entidad”.
Este análisis también incluyó la crítica situación en el área de discapacidad, donde OSPILM “no garantiza el acceso a las prestaciones de su población beneficiaria”, una problemática que se repite en el acceso a los servicios de Salud Mental, ya que la entidad no cuenta con un equipo interdisciplinario especializado.
Además, el organismo destacó otros aspectos preocupantes como la falta de un Director Médico, la ausencia de un Programa Médico Asistencial (PMA) actualizado y la falta de programas preventivos. En este sentido, la obra social no realiza campañas de vacunación, ni tiene conocimiento del estado de salud de su población, delegando estas tareas a las redes prestatarias contratadas. Estas omisiones y errores administrativos “interferían en el normal funcionamiento de la entidad”.
La situación de la Obra Social del Personal Ladrillero
Por otro lado, la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), identificada bajo el código 1-1030-5, enfrentó también serias acusaciones por la deficiencia en su cobertura de salud. Se denunciaron “demoras, pérdida de turnos médicos y, en definitiva, obstaculización de su cobertura”, sumándose a las críticas ya mencionadas sobre la falta de difusión de normativa y campañas de prevención. En su caso, la obra social también presentó falencias en la información respecto a la “Interrupción Voluntaria del Embarazo, Identidad de Género, Prevención del Suicidio y Violencia de Género”, dejando a los beneficiarios sin acceso a estos servicios fundamentales.
La intervención por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud busca mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de estas entidades, asegurando la correcta cobertura y protección de los derechos de los beneficiarios. A partir de ahora, los interventores designados deberán elevar informes mensuales al Ministerio de Salud con el objetivo de normalizar la situación de ambas obras sociales. (Con información de Infobae)
