El abogado del paciente con coronavirus que murió el lunes en el Sanatorio Otamendi luego de que un juez ordenara tratarlo con dióxido de cloro, un fallo que generó amplio rechazo en la comunidad médica, anunció que demandarán al centro asistencial por los presuntos delitos de homicidio culposo y desobediencia.
Sarubbi explicó que todo comenzó a fines de diciembre cuando su cliente, Jorge García Rúa, contrajo coronavirus y fue hospitalizado.
"El cuadro era crítico, era severo, el hombre tenía 93 años y el médico neurocirujano Dante Converti recomendó como método paliativo y humanitario, y prescribió la realización de un tratamiento con ibuprofeno inhalado y dióxido de cloro", detalló.
El fallo que autorizó esa práctica generó rechazo en la comunidad médica, y el tratamiento fue calificado como "peligrosamente tóxico" en Cadena 3 por Juan Pablo Caeiro, presidente de Sociedad de Infectología de Córdoba.
Por su parte, Sarubbi relató que un socio suyo, "el doctor Buranello, articuló un recurso de amparo en el fuero Civil, Comercial y Federal N° 7, en el que el juez subrogante, Javier Pico Terrero, autorizó la práctica médica y a pesar de la manda judicial, el sanatorio Otamendi se negó a realizar la práctica, por lo que amplió el recurso para autorizar al Dr. Converti a realizar la práctica médica".
"Una vez que se hizo, el cuadro del paciente evolucionó muy favorablemente, comenzó a saturar normalmente y la expectoración mejoró notablemente, finalmente falleció no a causa de Covid, sino por una infección intrahospitalaria", aseguró el abogado, aunque las autoridades del Otamendi no se manifestaron al respecto.
A inicios de agosto pasado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendó no consumir medicamentos no autorizados, cuando abundaban en redes sociales e incluso en programas de televisión mensajes favorables al uso del dióxido de cloro para tratar el coronavirus.
"Se recuerda que el producto mencionado (dióxido de cloro) no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso", dijo entonces la Amnat en un comunicado.
Al respecto, Sarubbi señaló que "las autoridades sanitarias nacionales no autorizan ni desautorizan la realización de este tratamiento" y dijo que "la Anmat establece en la resolución 4616/19 un mecanismo de excepción para tratamientos paliativos, que es un trámite administrativo que no se pudo realizar por la gravedad del cuadro" del paciente fallecido.
"Por eso se acudió a la justicia y el juez lo autorizó por estrictas razones de humanidad y atendiendo el derechos a la salud", añadió.
El letrado insistió en que "las responsabilidades las tendrá que determinar la justicia, si murió o no por el dióxido". "Yo no tengo posición de antemano y no descarto nada, lo que sé es que no habría fallecido a causa del tratamiento, si no por una infección intrahospitalaria". (Fuente: Cadena 3)
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