Durante la sesión de la Cámara de Diputados de este jueves, el bloque de diputados y diputadas “Más Para Entre Ríos” no acompañó la sanción de la ley de adhesión provincial al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) ni la sanción del Régimen de Incentivo para Nuevas Inversiones (RINI), de orden provincial, creado a partir de los beneficios establecidos en la Ley N° 11.071 de Promoción y Desarrollo Industrial. Esta postura se explica a partir de considerar que la adhesión al RIGI, “agravará la situación de los sectores productivos locales y no implica ningún beneficio para la comunidad”, indicaron en un comunicado enviado a este medio.
El diputado Juan José Bahillo explicó que “los regímenes de inversiones que se dan habitualmente nunca tienen los beneficios extraordinarios que tiene el régimen aprobado por el Congreso Nacional. Los regímenes que alientan la inversión privada deben tener como contrapartida algún beneficio para que el Estado los vuelque en políticas públicas, pero este RIGI no obliga a generar empleo a las empresas que inviertan, por lo tanto, esto podrá generar acumulación de capital y crecimiento económico, pero no desarrollo para la comunidad”, precisó.
Críticas
En el mismo sentido, Bahillo criticó que el RIGI nacional tampoco genera mayores recursos fiscales debido a todos los beneficios y exenciones que se les otorgan a las grandes inversiones “incluso avasallando cuestiones de las provincias, en contra del régimen federal, ya que la ley nacional otorga exenciones a Ingresos Brutos, que es un tributo provincial”, añadió.
En el mismo sentido el legislador justicialista señaló que el RIGI no establece “obligación de agregar valor, por el contrario, se avanza en la primarización de la economía. Sabemos que cuando se agrega valor a la producción primaria se genera empleo, pero acá no hay ninguna obligación de generar valor”, enfatizó.
Bahillo remarcó también que el RIGI “no contempla la transferencia de tecnología, que serviría para que esa tecnología se desarrolle en el país y podamos generar mayores capacidades propias. Tampoco genera dólares -que nuestro país necesita- porque a partir del tercer año, las empresas que adhieran al RIGI pueden llevarse del país todos los dólares que quieran”.
“Inexplicable”
Bahillo también remarcó que resulta “inexplicable que esta ley contemple que, si hay escasez de agua para la vida humana, la prioridad la tengan las empresas. Eso no creo que exista en ningún país del mundo”, remarcó.
“Nos gustaría que estas facilidades y promociones sean para nuestras pymes, nuestros empresarios, los que invierten acá y generan trabajo en nuestra provincia”, indicó el legislador.
Respecto de la creación del RINI provincial, lo calificó como un gesto de “inventiva política del Ejecutivo provincial” sobre la base de Ley N° 11.071 de Promoción Industrial. “No crean nada como pretenden hacernos creer. Solo hace modificaciones a la ley de Promoción Industrial sancionada por unanimidad el año pasado”, remarcó.
Finalmente, Bahillo explicó que el justicialismo propuso tratar el capítulo del denominado RINI por separado, pero el oficialismo se negó a desvincularlo del RIGI, a sabiendas que incluso es cuestionable desde la practica legislativa tratar ambas cuestiones en un mismo proyecto.
Por su parte la diputada Stefanía Cora remarcó que el proyecto se trató “a libro cerrado” porque el oficialismo se negó a realizarle cualquier modificación.
Igualmente, la diputada Lorena Arrozoragaray se refirió al impacto ambiental de medidas incluidas en el RIGI.
Blanqueo de capitales
El bloque justicialista tampoco votó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo por el cual la Provincia adhiere al Título II de la Ley Nacional N° 27.743 que fijó el nuevo Régimen de Regularización de Activo, conocido como blanqueo de capitales que permite que los sujetos que declaren de manera voluntaria la tenencia de moneda nacional, extranjera, muebles, inmuebles y demás bienes o activos en el país y en el exterior, quedarán exceptuados del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y cuanto otro impuesto provincial correspondiera según el caso, por los ingresos y bienes que hubieran omitido declarar, en las condiciones que se establecen, por los períodos fiscales no prescriptos a la fecha de publicación de la referida Ley y hasta la fecha establecida en el Artículo 24.4 de la norma nacional.
Ley de Transparencia y Ética en la función pública
La Cámara baja trató también este jueves un proyecto del Poder Ejecutivo que tomó estado parlamentario en febrero de este año y que pretende reglamentar los artículos 37 y 40 de la
Constitución de Entre Ríos regulando las normas de conducta que deben regir
en el ejercicio de la función pública. El proyecto incluye un capítulo de incompatibilidades para el ejercicio de la función pública o para postularse a cargos electivos, comúnmente denominado “Ficha Limpia”.
La presidenta del bloque “Más Para Entre Ríos”, Laura Stratta remarcó que el justicialismo hizo sugerencias de modificaciones a muchos artículos para lograr que la norma tenga una redacción armoniosa y clara, destacando que se escuchó y se tomaron sugerencias realizadas por quienes fueron convocados a las comisiones en las que se trató la iniciativa.
“Avanzamos también en los valores que representamos y de los que debemos dar cuenta los funcionarios públicos” y en ese sentido destacó aspectos en los que la norma fue mejorada.
Remarcó que dentro de los deberes y pautas éticas se haya incluido la prohibición de “reivindicar, justificar, negar o relativizar delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, actos del terrorismo de Estado y a sus autores responsables con condena”.
También destacó los cambios hechos a la forma de designación del titular de la Oficina de Ética Pública, que será designado mediante un Concurso de Antecedentes y Oposición en vez de ser designado por el gobernador como se planteó inicialmente.
