En el marco de la denominada jornada de acampe que tuvo lugar el pasado martes de 9 a 21 en la Plaza Mansilla, un grupo de profesionales y familiares fue recibido por funcionarios del Gobierno provincial, pero no tuvieron ninguna respuesta favorable: “Dijeron que ellos no tienen vínculos con los pagos de las obras sociales y que el tema está bajo la órbita de Nación”, indicó Raquel Vuoto, presidenta del Colegio de Psicopedagogos de Entre Ríos.
Con ese panorama, realizaron una asamblea y se acordó conformar un grupo con todas las asociaciones y colegios involucrados, familiares, transportistas e instituciones escolares para elaborar un documento y decidieron volver a manifestarse este lunes de 12 a 14 hs, nuevamente en la Plaza Mansilla.
El compromiso de los pacientes con los familiares es tal que hubo debates en relación a qué día y en qué horario se realizaba la protesta del lunes para evitar dejar de atender a quienes necesitan el servicio profesional.
“La idea es que haya una participación importante y que la sociedad también apoye este reclamo justo que afecta a tantas familias”, aseveró Vuoto.
“Desde Paraná hemos entregado petitorios a la Superintendencia de Servicios de Salud, pero no hubo respuestas”, dijo, al tiempo que informó que el nivel de retraso depende de las obras sociales: “En general no cobramos desde mayo, aunque esta semana -después de los reclamos- empezaron a salir algunos pagos. Pero la situación es insostenible: hay gente que no cobraba desde marzo”.
“Los derechos laborales de los profesionales que trabajan en el área de discapacidad están totalmente vulnerados: abonan alquileres de consultorios, materiales, matrícula, Colegios, impuestos, etc para poder hacer su trabajo y desde hace cuatro meses no les abonan por su trabajo”.
En este sentido, instó a la sociedad a acompañar el reclamo de aquellas personas que tienen discapacidad, de sus familias y de quienes eligen trabajar con ellos y acompañarlos día a día”.
El Iosper “no respeta el nomenclador determinado”
La profesional señaló que, además del retraso de pagos, “el Iosper no respeta el nomenclador de la Superintendencia de Salud, es decir, tiene su propio arancel y está totalmente desfasado: es mucho más bajo del que está determinado”.
“Con lo único que están al día es con los amparos que van presentando los familiares de los pacientes, pero la idea no es andar presentando amparos todos los meses para cobrar lo que corresponde”, concluyó.
El riesgo de quedar desamparados
Uno de los motivos de la lucha es “evitar que salga un Decreto Nacional de Urgencia que deje sin prestaciones de apoyo a las personas con discapacidad, ya que resulta inaccesible costear los tratamientos de forma particular: por persona como mínimo generalmente se requieren de dos a tres prestaciones e incluso hay quienes necesitan cinco o seis. (APF)
