Tras las declaraciones del gerente de Administración del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Arnoldo Schmidt, quien pidió cambios en la Ley de Honorarios y la respuesta del Colegio de la Abogacía, el funcionario manifestó que “resulta burdo, pueril e inconsistente el comunicado de esa entidad, respecto al planteo formal y real que se hizo desde el Instituto a la vigencia de la nueva Ley de Aranceles”.
Luego de las declaraciones de Schmidt, el Colegio de la Abogacía difundió un comunicado y señalaron que las mismas “carecen de sustento y respaldo en los datos. Todas las obras sociales resultan demandadas en juicios de amparo, sin que ello implique un desfinanciamiento de las mismas”.
Schmidt aseveró que, si el Colegio “pretende resumir la situación planteada meramente en una cuestión de falta de operatividad por parte de la Obra Social, y que por ello se generan las acciones de solicitudes de juicios sumarísimos, como lo son las Acciones de Amparos, es desconocer completamente lo manifestado o pretender hábilmente justificar lo injustificable, criticando al accionar prestacional de la Institución”.
El gerente de Administración de Iosper manifestó que “debe quedar claro, que lo que se planteó es el aumento desconsiderado que ocurrió por la aprobación de la Ley de Honorarios en la Legislatura Provincial. No es otra cuestión, salvo que se pretenda justificar el 1784,50 por ciento de aumento interanual, considerado como algo razonable en la Argentina de hoy o en la Provincia de hoy. Se hizo hincapié que no se trató en la Legislatura entrerriana esa misma porcentualidad para los trabajadores estatales entrerrianos. Todo lo demás son argucias defensivas, insisto, por no poder justificar lo irracional”.
Schmidt explicó que, “pretender resumirlo en una falta de buena o mala administración es realmente de muy débil argumento, toda vez que los Recursos de Amparos, hace tiempo que dejaron de ser un remedio excepcional, para pasar a ser una acción administrativa más, desde que se lo definió al Recurso de Amparo como la Industria del Juicio, generado, por supuesto, por algunos profesionales, aunque aclaremos, no por todos. Se sabe bien que ningún organismo oficial o privado puede cercenar los derechos de los ciudadanos. Por lo menos, desde Iosper mantenemos ese principio, pero eso no significa que algunos profesionales generen abuso transformándolo en un negocio, como lo expresaron algunos profesionales en un grupo de WhatsApp, al enterarse de la aprobación de la Ley”.
Schmidt citó opiniones de letrados en un grupo que los abogados tienen en WhatsApp, donde varios de ellos manifestaron: “Espero que nuestros clientes puedan ser solventes o al menos que tengan una motito, un terrenito, una casita, un sueldito que embargar…”.
“Ello deja en claro que no se está detrás del ejercicio del derecho que se vulnera, sino detrás del honorario. Una muestra cabal es el acontecimiento acaecido por un amparo generado, indudablemente por el profesional interviniente, ya que sin mediar trámite administrativo alguno se solicita la afiliación de un deudo menor de edad, que ya se encontraba afiliado y nunca corrió riesgo su afiliación”.
El funcionario agregó que, “como dice el Presidente de Iosper, Fernando Cañete, no pretendemos definir cuanto es la labor de un profesional, porque toda persona que trabaja merece tener su reconocimiento, en este caso de honorarios, pero como dije al principio, en este contexto a los que se sienten ofendidos, les parece razonable un incremento de 1784,50 por ciento de aumento interanual”.
“De más está decir que si desde Iosper cometemos un error en alguna prestación y deviene en una acción judicial, somos los primeros en reconocerlo, pero, últimamente no es lo que ocurre, ya que con mucha liviandad se aprueba una Ley que perjudica no solamente a la Obra Social, sino al conjunto de los entrerrianos”, mencionó.
¿Qué pasó?
El reclamo de Schmidt ocurrió luego que la Justicia hiciera lugar a un amparo y condenara a Iosper a brindar a una afiliada docente el tratamiento de videocolonoscopía en una clínica de Buenos Aires, tras la recomendación de los auditores de la obra social, que aconsejaron la práctica en la provincia.
“Este fallo confirma que a un sector de la Justicia poco le importa el bienestar de los 300 mil afiliados de la obra social. Con todos los argumentos vertidos por los auditores de Iosper, una práctica que se realiza en la provincia, con profesionales de la provincia, de la misma ciudad de donde es la afiliada, se condena a realizarse en Buenos Aires, con un costo de más de 3.000.000 de pesos”, aseveró Schmidt. “Se logró por amparo en una práctica que se realiza en la provincia de Entre Ríos y que un juez ordenó que se realice en Buenos Aires. A la obra social terminó costándole, en lugar de 468.000 pesos, más de tres millones”, señaló el funcionario. (Prensa Iosper)
