Hugo Moyano y su hijo Pablo fueron imputados en la causa en que se investiga a una asociación ilícita, encabezada por el barrabrava de Independiente Pablo "Bebote" Álvarez, que habría defraudado en millones de pesos al club de Avellaneda, revelaron a Clarín fuentes judiciales. La imputación la formuló la Unidad Fiscal de Investigaciones ante el juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale.
Una comisión policial notificó a Moyano (74) en persona de la imputación, el paso previo a una eventual indagatoria. Se trata de la misma causa donde Álvarez, otros barras y el ex dirigente Noray Nakis ya están procesados y varios con prisión preventiva. También fue imputado un director de la empresa Sistemas Integrados S.A. cuyo nombre se desconoce.
Luego de la indagatoria, el juez Vitale deberá decidir si eventualmente procesa a los Moyano y si lo hace con o sin prisión preventiva. A la mayoría de los procesados en esta causa les aplicó la prisión preventiva.
En la notificación, Moyano, actual presidente de Independiente, dijo que es "empleado de Camioneros", dio un número de celular y negó tener un una dirección de correo electrónico, según las fuentes consultadas. Un trámite parecido se hizo con Pablo, que actualmente es vicepresidente del club de Avellaneda.
La imputación complica la situación judicial de Moyano, quien tiene una causa por enriquecimiento ilícito abierta ante el juez federal Claudio Bonadio por una denuncia de la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña. Y otra en que se investiga a su sindicato por el uso de facturas apócrifas. Además, en la causa de la mafia de los medicamentos está procesado el principal proveedor de medicamentos de la obra social de su gremio.
La imputación fue en esta causa por fraude a Independiente y no en el nuevo expediente que se abrió ante el juez federal de Quilmes Luis Armella por lavado de dinero -que es un delito federal- de fondos del club de Avellaneda a través de empresas relacionadas con el sindicato de Camioneros.
En esa causa, la Unidad de Información Financiera (UIF) afirmó en un informe entregado a la Justicia que al menos entre septiembre 2010 y marzo de 2011 ingresaron fondos por $220.828.867 a una cuenta bancaria de Aconra Construcciones, cuya principal accionista es Valeria Salerno (hija de Liliana Zulet, cónyuge de Moyano).
De una muestra preliminar de 26 cheques por $105 millones que analizó la UIF, la totalidad fue librada por el Sindicato de Choferes de Camiones y firmado por Pablo Moyano, como secretario adjunto.
Según el informe, la modalidad "se habría mantenido hasta la actualidad" y señala que entre febrero y julio de 2017, se habría registrado en la misma cuenta ingresos por $113 millones, de los cuales el 90% correspondería a Camioneros.
Las investigaciones contra los Moyano avanzan luego de que la Justicia, con el apoyo del Gobierno, detuviera al ex líder del SOMU, Omar "Caballo" Suárez, al ex dirigente de la UOCRA La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, y al titular del SOEME, Marcelo Balcedo, entre otros.
A principios de diciembre, la declaración de Álvarez, ex líder de la barra brava de Independiente y ahora arrepentido y colaborador de la Justicia, había complicado a los Moyano.
"Bebote" le contó al juez cómo lograban conseguir las entradas de protocolo para los partidos y complicó a Pablo Moyano, recientemente elegido como vicepresidente de Hugo, su padre.
En una oficina del histórico edificio de La Franco Argentina (Hipólito Yrigoyen 440/460) retiraban las entradas en un pendrive. La empresa Sistema Integrados SA tiene sus oficinas en el segundo piso de ese edificio.
Luego, los capos de la barra iban a una oficina de la sede social de Independiente, donde imprimían las entradas truchas. Más tarde, las repartían entre los que no eran socios y también con integrantes de las peñas del club del interior.
En su ampliación de declaración indagatoria ante el juez de garantías de Lomas de Zamora, el barra de las caretas, los sombreros y los bigotes postizos luego dio detalles de otras supuestas maniobras ilícitas, esta vez a través de las transferencias de jugadores.
Álvarez aseguró que el dinero producido por las ventas de futbolistas al exterior efectuadas por Independiente era depositado en una cuenta de un banco radicado en un paraíso fiscal.
Desde allí era derivado a una mesa de dinero en Argentina, vinculada a un vicepresidente del club (los de la pasada gestión eran el detenido Nakis y Carlos Montaña) y a Pablo Moyano, por entonces vocal de la Comisión Directiva.
Según Álvarez, ese dinero era puesto a trabajar en el circuito financiero y generaba ganancias que no eran declaradas en los balances del club, en los que sólo se consignaba el monto original surgido de la venta de los futbolistas.
El dinero no declarado era repartido entre los dirigentes que participaban de la operatoria y reingresaba al circuito legal a través de una constructora relacionada a la familia Moyano.
Dicha constructora sería también la que habría participado del tramo final de la obra de construcción del estadio "Libertadores de América", por la que se habrían pagado sobreprecios que habrían quedado en manos de los dirigentes apuntados.
Además, el barra aseguró que algunos dirigentes del club estaban vinculados a la incorporación de futbolistas en malas condiciones físicas, por cuyas contrataciones también habrían cobrado dinero irregular.
Según Álvarez, el médico del plantel Luis Charadía habría sido despedido a principios de 2017 por negarse a firmar el apto médico de jugadores con problemas físicos.
Antes de enviar parte de las actuaciones a la Justicia Federal, Vitale había dictado el procesamiento con prisión preventiva para Álvarez y Damián Langaronne, como así también para Ariel Romero, Adrián Bartone, Adrián García y César Godoy, otros integrantes de la primera línea de la barra del 'Rojo'.
La medida también alcanzó al ex vicepresidente Nakis y a Roberto "Polaco" Petrov, ex custodio de Hugo Moyano.
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