Pasadas las 13:00 de este martes, Guillermo Enrique Pinto completó la suma necesaria para levantar la subasta de la que eran objeto unos terrenos en el Parque Urquiza que se encontraban en disputa en un juicio entablado por José María Armandola por el cobro de unas deudas de estos inmuebles que tenían en común. Fueron en total $7.956.866 y la medida judicial se suspendió.
Estos terrenos son los que recientemente fueron declarados de interés para utilidad pública y sujeto a expropiación por el Concejo Deliberante de Paraná, en respuesta a al reclamo de organizaciones vecinales para que sean incorporados al acervo de la ciudad. Este proceso se aceleró, precisamente, porque a los lotes se les plantó “bandera roja” y su destino podía ser incierto al cambiar de manos. Así, en la Legislatura provincial ingresaron dos proyectos para la adquisición de estos inmuebles cuyo futuro, ante este giro en los acontecimientos, quedó encerrado en signos de interrogación.
A poco menos de 24 horas para que finalice la subasta judicial de los terrenos en el Parque Urquiza frente a la plaza de juegos Carmelo Cabrera, más conocida como la del Patito Sirirí, se anunció en el sitio de subastas del Poder Judicial de Entre Ríos que “quedaba suspendido” por “pago de precio” de la demanda que llevó la propiedad a esta situación. La misma se encontraba envuelta en el expediente 21.358 «Armandola José María c/ Pinto Guillermo Enrique -Ordinario Cobro de Pesos s/ Ejecución de Sentencia y Honorarios», en manos de la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 7, Virginia Ofelia Correnti.
En las últimas horas, la puja había alcanzado la suma de $49.679.231, unos 35.000 dólares a la cotización del día de la fecha, una cifra muy lejana a los u$s 3,2 millones en la que fue cotizado oficialmente el terreno.
Esta disparidad de precios había levantado polémica por aquella tasación realizadas en un frustrado intento por sancionar una ordenanza para poder allanar la posible expropiación de las parcelas y que finalmente se aprobó este año, publicó ERA VERDE.
Así las cosas, tras completar el depósito necesario para saldar deuda, intereses, comisiones de martilleros y abogados, la jueza Correnti hizo lugar a la suspensión de la subasta y ordenó la publicación de su decisión en el sitio oficial de subastas por “pago del precio”.