En River se armó un revuelo inusitado por la situación de Carlos Sánchez. Cuando todo parecía que estaba encaminado para la renovación de contrato en Núñez, y de hecho el jugador abrió la puerta luego de la derrota por Copa Sudamericana ante Huracán, el escenario sufrió un giro radical: el fin de semana, los mexicanos comunicaron oficialmente su desembarco en Monterrey por tres temporadas.

Ésta última novedad, sumada a las declaraciones del representante del mediocampista charrúa, encendieron la ira de Rodolfo D'Onofrio y otros dirigentes influyentes de la institución. Si bien no pudieron aclarar la cuestión cara a cara con el principal protagonista, que está afectado a la Selección de Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, tienen pensado declararle la guerra a él y al club que se lo llevará.

Las autoridades millonarias evalúan por estas horas la iniciación de procedimientos legales contra la entidad mexicana, como consecuencia de la violación de algunos lineamientos del reglamento general de FIFA para la llegada de futbolistas. Precisamente el Artículo 18.3, que estipula que "el club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador".

Los aztecas aprovecharon la dilatación de las conversaciones entre River y Sánchez por el acuerdo en la extensión de un vínculo que llegará a su fin el 31 de diciembre, pero jamás se contactaron con sus pares argentinos para hacerles saber que avanzarían con una propuesta seria en la mesa de negociaciones.

Recién el miércoles se volverán a ver las caras Sánchez, Marcelo Gallardo y los directivos, para conocer de su propia boca los pasos a seguir para su futuro profesional. Y fue tal el malestar que generó la confirmación procedente de México que algunos plantearon la posibilidad de colgarlo para el viaje a Japón.

Más allá de esto, si el club decide manejarse por la vía legal no podrá invalidar el trato entre Sánchez y Monterrey, aunque podría aspirar a una sanción de índole económica para el nuevo empleador del jugador, destacó el abogado especialista en derecho deportivo, Ariel Reck.