Murió este lunes el hombre contagiado de coronavirus al que un juez ordenó que se le administre dióxido de cloro. Estaba internado en grave estado en el Sanatorio Otamendi. Pese a que la institución apeló la medida judicial, el hombre recibió la sustancia, que no posee la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ya que su uso podría ocasionar graves consecuencias en la salud. Se espera que el sanatorio se manifieste al respecto en las próximas horas, tras el polémico fallo que puso en alerta a la comunidad médica.
La decisión fue del juez federal subrogante Javier Pico Terrero, quien determinó que se le administre la sustancia al paciente Oscar Jorge García Rúa, según el fallo al que accedió este medio. El jueves pasado, el hijastro del hombre realizó una presentación judicial para que reciba urgente la administración de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro. La mujer murió el miércoles tras contagiarse coronavirus.
La terapia la recetó el neurocirujano personal del paciente Dante Converti. Según pudo saber este medio, el mismo profesional le suministró el dióxido de cloro el sábado y el domingo. La única forma de saber qué causó la muerte del hombre es "que se de la intervención judicial por causa de muerte dudosa", según explicó a este medio Ignacio Maglio, presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).
"Para conocer esa información, debería realizarse una necropsia y, a través de ella, que se establezca si hay una relación causal entre el consumo de dióxido de cloro y la muerte", amplió. "De todas formas, el paciente estaba en una condición muy crítica", aseguró.
El dióxido de cloro es una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos. Su ingesta tiene diversos efectos secundarios. La situación alertó a la comunidad médica, ya que la decisión judicial podría sentar jurisprudencia para recetar tratamientos que no están autorizados por las entidades regulatorias correspondientes.
"Si yo fuera un juez, trataría de buscar información de médicos antes de indicar algo que no conozco", cuestionó en diálogo con este medio el presidente de la SADI. En esa línea, enfatizó: "El dióxido de cloro no es un tratamiento ni un medicamento y se ha asociado con casos de mortalidad. Es peligroso". En agosto, un nene de cinco años oriundo de Neuquén murió tras ingerir la sustancia.
Maglio, por su parte, calificó la decisión como "una aberración jurídica" y sostuvo: "Es una extralimitación, un caso de desmesura que puede lindar con la mala praxis judicial". "Hay que reflexionar sobre los límites de la actuación judicial y también sobre el terraplanismo sanitario, como los movimientos antivacunas y los planteos delirantes", afirmó.
<b>Fuente: </b>TN.com.ar