En un escenario en el que se preparan nuevas restricciones para contener el alza de casos positivos de Covid, crece la preocupación empresarial sobre cómo impactarán medidas de ese estilo sobre la economía. En las compañías advierten que no pueden sostener otro año más con el nivel de personal cesante, que no va a trabajar pero sigue cobrando su sueldo. Resolver esta situación, que genera costos en el sector privado que termina trasladando a los precios, es una demanda que la UIA y otras cámaras vienen realizando al Gobierno desde los últimos meses, y que ahora cobra más urgencia producto del avance, aunque lento, de la vacunación.

En la última encuesta que la central fabril realizó entre sus socios, quedó de manifiesto que las licencias por Covid son de “alta importancia” para el 31%, mientras que para el 22% de las empresas las licencias de los mayores de 60 años se ubican como principal objeto de inquietud. En este caso, el porcentaje sube al 28% en el sector de alimentos y bebidas.

La UIA presentó algunas propuestas al Gobierno, entre las que se incluye un mecanismo de jubilación anticipada, pero ninguna prosperó. De todos modos, frente al comienzo de la vacunación y el objetivo oficial de darle prioridad a las personas de riesgo -además del personal médico y docentes-, en el Ministerio de Salud se analiza una resolución que establece que toda aquella persona mayor de 60 años o de riesgo por tener alguna enfermedad preexistente deberá retornar a sus trabajos una vez que esté vacunada.

De acuerdo con una encuesta de la UIA, la industria tiene al 12,5% de su personal dispensado por pertenecer a grupos de riesgo; son 125.000 personas si se tiene en cuenta que hay 1 millón de trabajadores en la actividad manufacturera

Si bien el proceso avanza lento y recién están inoculando a los mayores de 75 años, desde la cartera analizan esta norma para dar previsibilidad al sector privado y que estén claras las condiciones al momento de que la vacuna llegue a esa franja etaria. Según trascendió, la decisión fue confirmada por Sonia Tarragona, jefa de Gabinete de la ministra Carla Vizzotti, al vicepresidente y abogado de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en un encuentro que mantuvieron días atrás. El empresario también fue con la idea, que se está aplicando en otros países del mundo, de que las empresas puedan comprar vacunas para inmunizar a sus trabajadores y, eventualmente, también donar. Pero eso no es posible, al menos por el momento, le respondió la funcionaria, ya que mientras haya grupos de riesgo, las vacunas son del Estado.

De acuerdo con la encuesta de la institución, en promedio, la industria tienen al 12,5% de su personal dispensado, que rondan las 125.000 personas si se tiene en cuenta que hay 1 millón de trabajadores en la actividad manufacturera. Se trata de una realidad que viven todas las empresas, por lo que la normativa para ordenar la situación será general, aunque en algunos casos -los menos, aseguran las firmas- los trabajadores ya están volviendo a sus trabajos aún sin estar vacunados.

Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC), remarcaron que “algunos van, los que tienen cargos altos, por ejemplo, pero también es un riesgo para el empresario”, por lo que esperan también la norma de la cartera de Salud. Este sector, junto con servicios, emplea a 3,8 millones de personas, de los cuales también el 10% se encuentra dispensado. De acuerdo con las fuentes consultadas, como la vacunación no es obligatoria, si la persona de riesgo decide no aplicarse las dosis, deberá igualmente regresar al empleo o, eventualmente, tramitar la jubilación.

“Veníamos planteando el problema desde hace tiempo, incluso ante el presidente Alberto Fernández. El 4 de diciembre, en la Conferencia Industrial, dijimos que en marzo volveríamos a tener problemas. Porque además de los costos que implica tener personal licenciado, no se consiguen reemplazos porque son temporarios y la gente no quiere trabajar en blanco para no perder el plan”, afirmó a Infobae Funes de Rioja.

El abogado laboralista comentó el diálogo que había tenido con Tarragona durante un encuentro del equipo de técnicos de las cámaras que integran el Grupo de los 6 (G6), la semana pasada. Uno de los miembros que participó de esta reunión dijo que el planteo del sector empresarial fue claro: para esta segunda ola, el que no trabaja, no cobra. “Esta es la posición que se le iba a plantear al Gobierno. A fin de mes, termina la norma que prohíbe despidos y dijeron que era la última prórroga. Las empresas podrán despedir con la doble; por eso es importante que resuelvan el tema del personal dispensado”, enfatizó la fuente.

Desde el Gobierno le transmitieron a la UIA que la medida estaba al salir, pero el contexto actual y las medidas en estudio para incrementar las restricciones podrían demorarla, temen en las empresas. Al respecto, los distintos sectores manifestaron preocupación y remarcaron que la economía no resiste más cierres. De hecho, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) envió este lunes un comunicado frente a las versiones de que la obra privada se vería limitada en la provincia. “La actividad de la construcción no puede ser detenida, ya que no representa un foco de contagios, sino, por el contrario, una fuente de ingresos para trabajadores y para una amplia cadena de proveedores y prestadores de servicios”, enfatizó la entidad.

“Le hemos enviado mensajes de manera informal al Gobierno planteando que la economía no resiste una nueva cuarentena como sucedió en 2020, que fue muy larga e inútil, y que cualquier tipo de restricción va a impactar y va a significar más cierre de comercios y más despidos de personal”, dijeron en la CAC.