El fallo del juez penal de Menores Pablo Barbirotto, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el defensor General, Maximiliano Benítez, y concluyó que el derecho a la educación está por encima del derecho de huelga, no tiene validez indefinida sino que su alcance se limita a la vigencia del acuerdo salarial alcanzado en el marco de la conciliación judicial en abril pasado entre el Gobierno y los sindicatos docentes.
<b>"El fallo no es indefinido. Tiene vigencia hasta que se termine de cumplir el acuerdo salarial, y eso va a ocurrir a mediados de agosto"</b>, aclaró el juez. "Cuando se termine de pagar el último tramo de salarios, se habrá terminado la vigencia del fallo", amplió. El cronograma salarial que dio a conocer el Gobierno indica que los docentes terminarán de cobrar sus haberes el viernes 7.
Un día antes, el jueves, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) hará un congreso provincial en Federal, y de allí podrán surgir definiciones en torno a la marcha del conflicto docente.
Qué sentenció. En medio de la última feria judicial, el defensor General Maximiliano Benítez presentó un amparo acompañado de una medida cautelar, que tuvo acogida favorable en la jueza Cecilia Bértola, que ordenó levantar el paro de 48 horas previsto para el lunes 27 y el martes 28 de julio. La medida de fuerza había sido convocada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la delegación local del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop).
El defensor General hizo la presentación judicial en representación del "colectivo de niños, niñas y adolescentes de nuestra Provincia que se verán privados de su derecho a la educación o en el mejor de los casos, lo recibirán de un modo deficiente, vulnerándose sus legítimos derechos".
Benítez buscó así "garantizar el acceso a la educación de todos los alumnos que concurren a establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, ante la inminente omisión en el dictado de clases por las medidas de fuerza anunciadas
La causa cayó en manos del juez Barbirotto, exdefensor de menores, analizó lo que entendió como "tensión de derechos" desde la perspectiva que "el ejercicio que se haga de uno de ellos no debe avanzar sobre el otro".
El magistrado sostuvo que "el legítimo ejercicio del derecho de huelga por los docentes entrerrianos genera una grave colisión con otros derechos constitucionales. En particular lesiona el interés superior del niño a recibir una educación en tiempo y contenidos adecuados", precisó.
"Asignar preponderancia al derecho de aprender sobre el derecho de huelga, no resulta simplemente de una o varias cláusulas de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también de una correcta interpretación teleológica, sistemática y progresista de nuestra Constitución", señaló a <i>El Diario</i>.
Una vez conocido el fallo de Barbirotto, Agmer reaccionó con dureza, y entendió que la medida judicial "constituye un nuevo ataque hacia el derecho a huelga, verdadero objetivo de la corporación judicial y el Gobierno provincial que es quien les dicta estas órdenes retrógradas para la libertad sindical y la soberanía de los trabajadores de la educación. No renunciaremos a la voluntad de lucha que miles de docentes han expresado a lo largo de esta semana en los 17 departamentos de Entre Ríos, mediante asambleas, movilizaciones y concentraciones, todas ellas masivas".
Pero el juez Barbirotto aclaró que su fallo "no es indefinido" y que no se trata de una prohibición "eterna" del derecho de huelga. "Sólo me expedí a partir de un recurso de amparo del defensor general. Me parece que los gremios deberían leer bien el fallo. No dice que sea indefinida la resolución", aseguró.
Respecto de las críticas que surgieron desde el sindicato docentes respecto a que ni jueces ni defensores han salido en defensa del derecho a la educación por el estado de la infraestructura escolar, Barbirotto explicó "que ése no era el objeto del amparo. Además, los sindicatos están en posibilidades de plantear un amparo por el estado de las escuelas, y no lo han hecho. No fue una cuestión a decidir en este caso el estado edilicio de las escuelas", precisó.
"El juez resuelve sobre lo que le ponen a consideración, no sobre otro tema ajeno a la cuestión", concluyó.
<b>Analizan incumplimiento de mandato</b>
El Consejo General de Educación (CGE) le pidió a la Justicia que indague respecto de un eventual incumplimiento de sentencia frente a la decisión de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de insistir con la aplicación de medidas de fuerza aún con el fallo de la Justicia que impidió su concreción mientras rija el acuerdo salarial de abril pasado.
Ese acuerdo se consiguió en el marco de una conciliación obligatoria dictada por la jueza laboral Gladys Pinto. El alcance de la conciliación vence cuando concluya el pago del acuerdo salarial, con los haberes de julio, el viernes 7 del actual. Pero desde el martes de la semana pasada, Agmer desarrolla asambleas en las escuelas, que reducen el horario de dictado de clases.
El planteo del CGE recayó en el defensor general Maximiliano Benítez, que trasladó el planteo al procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García.
En la procuración están analizando las implicancias del caso, y la eventual violación del mandato judicial, aunque de momento no han instruido una causa.