La Justifica Federal obligó al Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires a suministrar dióxido de cloro, prohibido en Argentina, a un paciente internado en grave estado con coronavirus, a través de una medida cautelar.
Pese a que la Sociedad Argentina de Infectología y la propia Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) han rechazado el dióxido de cloro por su peligrosidad, el Juez federal subrogante Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7, hizo lugar al pedido de la familia del paciente Jorge García Rúa para suministrarle dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones.
"La cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora", señala el fallo judicial.
En este sentido, agrega: "A la luz de la documentación acompañada, no se advierte una imposibilidad de orden médica para la implementación de los tratamientos prescriptos y adecuado al caso de autos, que además es de urgente realización ya que puede mejorar el diagnóstico y el tratamiento consecuente a adoptarse de manera inminente o, en su caso, salvar la vida del paciente".
Todo comenzó el <b>7 de enero pasado, cuando el hijastro del paciente, José María Lorenzo, solicitó a la Justicia que el marido de su madre</b> (fallecida por coronavirus) r<b>ecibiera en carácter urgente este tratamient</b>o, recomendado por el neurocirujano Dante Converti.
"La pretensión fue planteada con carácter definitivo y en el Sanatorio Otamendi están obligados por la Justicia Federal a suministrarle dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones. Día histórico para la República Argentina", resaltó Lorenzo en un video que circuló en redes sociales.
La medida causó repudio en la comunidad científica en general y en los médicos del Otamendi en particular, quienes este domingo se movilizaron en contra de la orden del Pico Terrero. "Nos manifestamos haciendo cumplir nuestro juramento hipocrático", decían en un folleto.
En noviembre, la justicia de Ushuaia había rechazado el planteo de los familiares de una persona internada en grave estado con coronavirus, que presentaron una "acción urgente" para obligar a los médicos a suministrarle al paciente dióxido de cloro como paliativo contra la enfermedad.
En aquella ocasión, el juez Sebastián Osado Viruel resolvió desestimar el pedido y en los argumentos del fallo tuvo en cuenta la disposición de la Anmat, que prohíbe "el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de ese producto".
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(Fuente: Clarín)</i>