El ministro de Sanidad español, Salvador Illa, anunció que los nombres de aquellos que decidan no vacunarse contra el COVID-19 quedarán recopilados en un registro de datos confidenciales compartido con la Unión Europea.

"Son cuestiones de diferentes países, casi la totalidad de la Unión Europea entiende que no se puede obligar a un ciudadano a que se vacune, la libertad individual está, aparentemente, por encima del bien sanitario común. Es un debate muy profundo que se esta dando en todos los países", aseguró el periodista Chema Forte a Cadena 3.

"Sin embargo, se busca por ley que la renuncia a la vacuna tenga un costo personal. Las consecuencias irían desde la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo o de acceder a la libre circulación de la Unión Europea", indicó.

Y agregó que "podría haber despidos si se trata de un empleo que implique alta exposición. La ley lo ampararía". "Es un gran debate el que se está dando", resaltó Chema Forte.

Otros países, plantean que aquellos quienes no se vacunen deberán renunciar a la gratuidad de la salud pública que garantiza la Unión Europea y costearse sus gastos de hospitalización, en caso de caer enfermos.