El empresario gastronómico Roberto Dutra, de 62 años, fue acusado de violar 14 veces el aislamiento social preventivo obligatorio por la pandemia de coronavirus que debía guardar desde el 15 de marzo, pero obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria tras acordar abonar una caución de un millón de pesos.
El titular de la firma Catering Gourmet de Rosario está acusado de quebrar la cuarentena obligatoria 14 veces desde el 15 de marzo, fecha en la que su pareja volvió de Estados Unidos, un país de riesgo. La audiencia imputativa se llevó a cabo ayer al mediodía en el Centro de Justicia Penal. El acusado declaró por videoconferencia desde la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II.
El delito por el que se lo acusa tiene una pena de entre seis meses y dos años, pero según el fiscal Gustavo Ponce Asahad, a cargo de la unidad especial que investiga este tipo de hechos, en principio habrá un acuerdo con la defensa, que fue aceptado por la jueza Patricia Bilotta.
Dutra, quien permanecía detenido en la comisaría 5ª, acordó pagar una fianza de un millón de pesos a través del Banco Municipal, y fijó nuevo domicilio en una casa quinta en la que cumplirá con el arresto domiciliario. El empresario había sido detenido el jueves en las torres Maui, en Puerto Norte, por incumplir repetidamente el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional. Vecinos y guardias de seguridad del edificio habían anoticiado a las autoridades de este hecho.Ya había sido notificado en dos ocasiones del deber de cumplimiento de la cuarentena, por haber tenido contacto estrecho con su pareja, que había regresado de un país de riesgo. Incluso debía cumplir arresto domiciliario, que también quebrantó.
En la audiencia, la Fiscalía sostuvo que Dutra "usó llaves magnéticas de su esposa para no ser detectado" al salir del edificio. Dutra no fue imputado por la presunta aparición de un certificado laboral para circular a su nombre con la rúbrica de las autoridades del Hospital Centenario. Si bien su imagen se viralizó en las redes y la directora del efector, Silvia Perouch, presentó una denuncia penal para conocer su origen, la policía no encontró el documento en poder del empresario ni pruebas ni testigos de que lo haya usado. (La Capital)