El Gobierno nacional respaldó el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante el operativo del miércoles pasado implementado para aplacar la movilización en rechazo al veto de la ley de actuación de jubilaciones.
En su habitual conferencia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló del episodio en el que un policía le arrojó gases a una menor de 10 años que estaba con los manifestantes. "Nos apena de sobremanera, la responsabilidad es de la madre", dijo y aclaró: "Eso no implica que el operativo no haya sido exitoso".
Asimismo, remarcó que la Ministra de Seguridad, "entiende que el operativo fue impecable, por supuesto, sin los lastimosos episodios".
Adorni también remarcó que tras cada operativo que se implementa, se realiza una revisión profunda y evitó precisar el futuro del Jefe de Policía, Luis Rolle, y de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
La denuncia contra Bullrich
Patricia Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad, fue denunciada por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien pidió ser citado para ratificar y ampliar la denuncia por la represión que incluyó el rociado con gas pimienta a una nena de diez años que asistía a la marcha con su mamá.
Se presentó por el artículo 248 del Código Penal que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
También fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por los mismos hechos la funcionaria del Ministerio de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva por presunta violación de deberes de funcionario público.
En este caso, la denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.