El Gobierno continúa su "cruzada" por las universidades y ha confirmado que está evaluando opciones para auditar los 61 establecimientos nacionales a su cargo. Actualmente, una resolución de la SIGEN impide llevar a cabo estas auditorías. En la red social X, Sandra Petovello indicó que no solo se podría anular esta resolución, sino que también se están considerando otras alternativas.

"Estamos trabajando en más de una opción", expresó Petovello al comentar sobre la posible anulación. La Constitución establece que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependiente del gobierno, realiza controles internos, mientras que la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, lleva a cabo los controles externos.

En 2024, la SIGEN realizó un relevamiento de los convenios entre universidades y diferentes reparticiones de la Administración Pública Nacional, encontrando 2,245 convenios de asistencia técnica, de los cuales 354 corresponden a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La SIGEN confirmó su intención de “revisar la ejecución de estos convenios para determinar si se han cumplido sus objetivos, cuáles han sido los resultados, si la ejecución estuvo a cargo de la universidad o fue subcontratada a terceros, y auditar la correcta aplicación de los fondos destinados a dichos objetivos”, según un comunicado.

El Gobierno ha señalado que el principal problema radica en la falta de auditorías. En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, que supervisa la Subsecretaría de Políticas Universitarias, destacó la importancia de auditar el uso de fondos públicos. Afirmaron que “las universidades, especialmente la UBA, no han rendido cuentas adecuadamente. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos”. Además, señalaron que la afirmación sobre auditorías de la AGN en las universidades no es correcta, ya que actualmente la AGN tiene 6 informes en proceso y en años recientes solo aprobó 3, de los cuales solo uno corresponde a la UBA.

En medio de la marcha a favor del fondo de financiamiento educativo aprobado por el Congreso, el gobierno de Javier Milei ha puesto énfasis en el número real de alumnos regulares, lo que ha generado un debate sobre la transparencia en las universidades. "Solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, y el 38,4% no tiene información clara sobre su actividad académica", comentó el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Actualmente, la auditoría en la UBA se rige por la Ley de Educación Superior, que establece que las instituciones de educación superior deben implementar mecanismos de auditoría interna para asegurar la transparencia en el uso de recursos. En la UBA, existe la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires (AGUBA), que elabora y publica informes de auditoría sobre cada facultad.

El auditor general es designado por el Consejo Superior de la UBA, que incluye al rector, los decanos de las facultades y representantes de los claustros de profesores graduados y estudiantes. Los auditores adjuntos son nombrados por el rector, y según el último informe de Planeamiento, la AGUBA cuenta con un equipo de 26 personas, incluyendo auditores, directores, supervisores y secretarios. (Ámbito)