La ley 10375 fue sancionada en la Legislatura el 27 de mayo pasado. La promulgación data del 2 de junio y la publicación en el Boletín Oficial, del 18 de este mes. La norma autoriza al Poder Ejecutivo provincial a otorgar un préstamo (aporte reintegrable) por 20 millones de pesos a la empresa Citrícola Ayuí SA, con destino a "reactivar la producción y procesamiento de cítricos de la citada empresa, en el marco de la propuesta de inversión realizada por la firma en Premieur SA".

Como requisito previo al otorgamiento de cualquier desembolso del crédito, y a los efectos del control sobre los resultados de la empresa, el Estado provincial designará un síndico titular en Citrícola Ayuí SA, que ejercerá sus funciones durante los primeros cinco años.

En tanto, se dispuso que el otorgamiento del préstamo esté sujeto a que En Premieur SA efectivice formalmente el compromiso de inversión por 70.000.000, en el marco del Plan de Inversiones en Citricola Ayui SA ante el Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos, "debiendo adecuarse la simultaneidad de las operaciones para el cumplimiento de la condición".

Condiciones

El préstamo estará sujeto a algunas condiciones. Por ejemplo, tiene un plazo máximo de siete años y una amortización se realizará de la siguiente forma: en los primeros cinco años contados desde la fecha del primer desembolso efectivo del préstamo los servicios del crédito (capital más intereses) se abonarán anualmente con 100% de las ganancias líquidas y realizadas, excluyendo las reservas legales, obtenidas por la empresa Citricota Ayuí no destinadas a reinversión en el proceso productivo. Al efecto, se tomarán los resultados que surgen de los Estados Contables. El pago anual se realizará dentro de los cuatro meses de concluido cada ejercicio económico. Transcurridos los primeros cinco años, el saldo remanente del capital con más los intereses se abonará en cuatro cuotas semestrales consecutivas.

Además, se cobrará un interés promocional del 5 por ciento efectivo anual sobre saldos, con un punitorio del 1 por ciento efectivo mensual sobre saldos en caso de impago.

Respecto a las garantías, se exigirán "las que el Poder Ejecutivo considere suficientes para asegurar la recuperación de los fondos". (APF)