El radicalismo, Encuentro Federal, y la Coalición Cívica presentaron un pedido de sesión especial para el próximo miércoles, a fin de tratar de rechazar el veto a la ley jubilatoria en diputados, aunque para lograr su objetivo deberán reunir el aval de los dos tercios de los presentes.

La solicitud fue efectuada por los presidentes de los bloques de la UCR, Rodrigo de Loredo, de EF Miguel Ángel Pichetto y de CC Juan Manuel López, y firmada por una veintena de legisladores de esas fuerzas políticas.

Qué deben reunir

Según explicaron fuentes parlamentarias, de ahora en más el desafío que tendrán esas fuerzas políticas es reunir primero los 129 legisladores para abrir la sesión y luego los dos tercios de los diputados presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas.

Además, esa mayoría agravada la tendrán que reunir para rechazar el veto presidencial e insistir con la ley sancionada por el Congreso que otorga un 8% de aumento para compensar la inflación de enero, y establece los parámetros para actualizar los haberes de jubilados y pensionados.

La estrategia del oficialismo

En cambio, el oficialismo ya trabaja para que la oposición no junte los dos tercios: para ello debe reunir 86 votos, si es que los 257 legisladores estuvieran presentes en el recinto de sesiones.

El pedido de sesión especial realizado por los opositores es para evitar tener que emplazar a la comisión de Presupuesto, que es una de los dos organismos parlamentarios que deben tratar ese dictamen, ya que su presidente José Luis Espert (LLA) no la convocará para debatir ese veto presidencial.

Los opositores no tendrán inconvenientes es reunir los 129 diputados para habilitar la sesión ya que contarán con la presencia de Unión por la Patria que tiene 99 legisladores.

Ahora, la duda pasa por si la UCR tendrá sentados en sus bancas a los 33 legisladores que componen esa fuerza política, ya que había circulado la versión que hay unos siete que no están de acuerdo con rechazar el veto.

El proyecto sancionado

El proyecto contempla otorgar un 8,1% adicional para compensar la inflación de enero ya que el Gobierno había otorgado un 12,5% y el IPC de ese mes fue del 20,6% y ese es el punto que centralmente rechazaba el Gobierno Nacional con el argumento que afectará su política de déficit cero.

También establece, como el DNU del Gobierno, aumentar las jubilaciones de acuerdo al Índice de Inflación, pero fija que se dará un aumento adicional en marzo de cada año, pero hay diferencias entre los porcentajes otorgados y el promedio del 50% de los salarios de acuerdo al Ripte.

En ese sentido, fija que "adicionalmente, en el mes de marzo de cada año se aplicara el siguiente aumento: un cincuenta por ciento (50%) de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el ano calendario anterior.

Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado".

También fija un mecanismo para pagar la deuda con las cajas previsionales donde establece que se deberán cancelar las deudas con las cajas previsionales de provincias con los recursos que se obtengan de impuestos que tienen asignación específica para la ANSeS, así como el pago de las sentencias firmes dentro de los seis meses de sancionada la ley, aunque en este caso habrá una prórroga de seis meses.

Los argumentos del rechazo

El Gobierno argumentó para rechazar la ley que, si se llega a aplicar, generará un gasto adicional de 6 billones de pesos para 2024 y de 15 millones billones para 2025, que "equivalen al 1,02% del PBI calculado para el año en curso, y 1,64% de aquél, estimado para el año entrante".

En tanto, marcó que, de aplicarse la ley sancionada por el Gobierno, implicará un incremento del 18,5% del gasto de ANSeS para 2024 y de 29,2% para 2025.