El proyecto de desregulación del transporte de larga distancia promovido por el Gobierno pone en riesgo el concepto tradicional del sector como “servicio público”. Un borrador del decreto, que podría ser publicado en los próximos días, sugiere la apertura del mercado a nuevos operadores con requisitos casi inexistentes, la eliminación de la obligatoriedad de usar terminales y una reducción en los controles. Este enfoque ha generado preocupación por los posibles riesgos en seguridad vial, la conectividad y la proliferación de negocios poco transparentes.
De acuerdo con el documento en circulación en la Casa Rosada, el objetivo es “iniciar un amplio programa de transformación del sistema nacional de transporte, buscando racionalizar la oferta de servicios, fomentar las inversiones y reducir los costos”.
En ese contexto, conceptos como la obligatoriedad y la regularidad podrían volverse irrelevantes, permitiendo que las empresas de transporte dejen de conectar destinos que no sean rentables para ellas. Argentina, siendo el octavo país más extenso del mundo, cuenta con una baja densidad poblacional, solo 55 aeropuertos y una red ferroviaria deteriorada desde hace décadas. Esto hace que muchas localidades solo sean accesibles en micro.
El texto se basa en el mega DNU del 20 de diciembre de 2023. En su artículo 2, se establece que el Estado “promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres”. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone eliminar completamente el marco normativo vigente.
¿Fin de los colectivos?
Según trascendió, quienes se quieran inscribir en el nuevo registro que surge del decreto, podrán hacerlo prácticamente con cualquier vehículo habilitado a transitar, aunque todavía podrían exceptuar a los autos. De esta manera se habilitaría a realizar recorridos de larga distancia de forma regular a cualquier transporte con más de ocho butacas, consignó Ámbito.
Con la normativa que quiere poner en marcha el Gobierno, los controles prácticamente desaparecerían porque el artículo 18 establece que “los vehículos podrán iniciar el viaje, hacer paradas para el ascenso y descenso de pasajeros en cualquier sitio”. Con infinitos puntos de salida y llegada, se debilitarían los operativos que hoy se hacen de forma habitual en las terminales.
Estos no son los únicos puntos de preocupación para la seguridad vial. También se desencadenaría un cambio en las velocidades máximas habilitadas, que hoy son más bajas para los ómnibus. Con la desregulación pasarían a quedar bajo la normativa general. Esto es algo que hasta las propias empresas del sector rechazan.
Menores controles
¿Qué actores estarán interesados en ingresar al sector? No está claro, la merma en la demanda alcanza el 30% interanual. Pero si se lo ve en términos históricos, desde la apertura normativa del año 92 hasta ahora la cantidad de pasajeros anuales declinó de 50 millones a 25 millones anuales.
Fuentes del sector señalaron su preocupación por la posibilidad de que la desregulación genere margen de maniobra para que crezca los negocios opacos. Solo durante julio se registraron dos hechos prácticamente calcados: transportistas que venían desde la frontera norte, fueron detenidos en controles en las rutas, bajaron a los pasajeros y antes de que se efectúe la requisa incendiaron sus vehículos.
Un ómnibus de esas características cuesta más de u$s 200.000. La pregunta es: ¿A qué actividad se dedican para que sea más interesante destruir los vehículos antes de que los revisen?
Dudas por el plan de desregulación del transporte
A todo esto, no está claro que es lo que pasará con las personas con discapacidad, al tratarse de un servicio público las empresas están obligadas a trasladarlos de forma gratuita, pero si se desregula podrían quedar desamparados.
Tampoco hay certezas sobre cómo funcionarán los seguros bajo el nuevo esquema, actualmente hay solo tres empresas (mutuales) que trabajan con el transporte de larga distancia.
Dudas
La lógica que transmite Sturzenegger a sus interlocutores es que así como está la regulación no funciona, entonces mejor eliminarla. Esa argumentación pasa por alto un detalle, que las cosas siempre pueden estar peor.