Cuatro sindicatos aeronáuticos han calificado de “arbitraria e ilegal” la reciente decisión del Gobierno de reglamentar la esencialidad del servicio aeronáutico para garantizar la continuidad de los vuelos. Los gremios advirtieron que esta medida podría comprometer la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios involucrados. Para abordar la situación, anunciaron que realizarán una asamblea conjunta este miércoles a las 11:30, con el fin de definir sus próximos pasos y expresar su preocupación por las posibles intenciones del Gobierno respecto al futuro de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y la política aerocomercial en el país.

La nueva reglamentación, anunciada el sábado por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, surgió tras la falta de servicios mínimos durante un paro de los gremios APLA y AAA, el viernes pasado. Según el Ministerio, el paro había impedido el cumplimiento de los requisitos de esencialidad establecidos en el Artículo 2 de la Ley 17.285 del Código Aeronáutico de la Nación.

Julio Cordero, secretario de Trabajo, defendió la medida argumentando que el objetivo es proteger a los argentinos afectados por las huelgas en el sector. El paro de 9 horas, que afectó a 15.000 pasajeros en Ezeiza y Aeroparque, fue convocado por APLA y AAA en rechazo a la negativa de Aerolíneas Argentinas de otorgar un aumento salarial del 25%.

En respuesta, los sindicatos APLA, AAA, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) emitieron un comunicado en el que critican la reglamentación por considerar que vulnera el derecho constitucional de huelga y viola normas vigentes. Argumentaron que el DNU 70/23, que intenta modificar el Código Aeronáutico, ha sido declarado nulo por la Cámara de Trabajo y que cualquier regulación distinta debe realizarse mediante una modificación legal adecuada.

Los sindicatos sostienen que el sistema actual para regular huelgas en servicios esenciales, establecido en la Ley 25.877 y el Decreto 272/06, sigue los principios de la OIT y debe ser respetado. También destacaron que el papel del Estado debe ser el de mediador en conflictos colectivos, no el de imponer restricciones unilaterales. Criticaron al secretario de Trabajo por no convocar a las partes para buscar una solución y advirtieron que la presión gubernamental y las amenazas de limitar derechos constitucionales son incompatibles con el marco legal vigente.

En su comunicado final, los sindicatos hicieron un llamado al Gobierno para que respete el marco legal y garantice el derecho de huelga conforme a las normas establecidas.